La Comisión de Fiscalización y Control Político, con cinco votos afirmativos, aprobó el informe de fiscalización sobre la crisis energética nacional del año 2024, en el cual recomienda que el Gobierno realice un estricto seguimiento sonre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas y de las empresas públicas del sector energético.

También se insta al Ejecutivo para que garantice los recursos suficientes, a fin de que las autoridades dispongan y vigilen la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo o correctivo de las centrales eléctricas para, de esa manera, garantizar su plena operatividad.

En el informe de los miembros de la Comisión se exhorta al Ministerio de Finanzas para que plantee una solución definitiva sobre el problema de las asignaciones pendientes a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), de tal forma que pueda cumplir las inversiones previstas en el Plan Maestro Eléctrico.

Además, a esta empresa se le conmina para que informe al país que los problemas del sector eléctrico no han sido solucionados y que, si las autoridades no hacen las gestiones necesarias para la incorporación de cerca de 1.000 MW, es muy probable que, a fines de este año, los cortes de energía se repitan, dependiendo de factores climáticos.

Así mismo, la mesa exhorta al Presidente de la República para que revise la política de descuento del 50 % sobre los valores generados durante la crisis eléctrica, debido a que el tarifario tiene una escala creciente en función del consumo, el cual registra altos aumentos en la costa por factores climáticos, incrementos que exceden el 50 % en el valor de la planilla; situación que, por otra parte, no afectó a la sierra ecuatoriana.

La comisión emitió un exhorto a la Defensoría del Pueblo para que realice las acciones y seguimiento correspondiente respecto a las quejas y denuncias de ciudadanos que se han visto afectados por los racionamientos de energía, sobre todo en la pérdida de electrodomésticos y en un aumento injustificado de la planilla de luz; y, al Presidente de la República para que revise y corrija las vocerías que actúan en momentos de crisis ya que, en abril de 2024, varias autoridades gubernamentales manifestaron que una de las causas de los racionamientos de energía se debía a un presunto sabotaje, afirmaciones que la mesa legislativa no ha podido comprobar.

Entre las 14 conclusiones, la comisión parte de la premisa que los racionamientos que sufrió el país en abril del este año, están directamente vinculados a los problemas estructurales que ocasionaron la crisis energética en 2023 y que aún no han sido atendidos, pues se evidencia que la falta de inversión en los gobiernos de los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso en la generación y transmisión de energía, ha limitado considerablemente la oferta, por lo cual, en la actualidad, las autoridades y los funcionarios del sector se ven impedidos de realizar los mantenimientos, ya que parar, así sea momentáneamente, la operación de una central puede ocasionar racionamientos de energía.

La presidenta del organismo, Pamela Aguirre subrayó que la Comisión ha cumplido con el país al elevar para conocimiento del Pleno de la Asamblea un informe que establece las causas y consecuencias del manejo de la crisis energética del año 2024.