Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, criticó duramente el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador.

Comenzó destacando que, a pesar de su mandato constitucional para promover la participación ciudadana y garantizar la transparencia en las designaciones, el Consejo ha fallado estrepitosamente en ambas áreas. “Es una institución que no funciona y que se ha convertido en un botín político”, afirmó.

El subdirector explicó que los procesos opacos y la falta de criterios claros en la selección de autoridades han permitido que intereses políticos partidistas prevalezcan sobre el interés público.

“Desde su creación, el Consejo ha sido manipulado para servir a los partidos en el poder, ignorando los principios de meritocracia y transparencia que exige la Constitución”, agregó.

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Espinel también señaló casos recientes, como la controvertida designación del presidente del Consejo de la Judicatura, como ejemplos de cómo las decisiones del Consejo han sido influenciadas por presiones políticas más que por criterios objetivos y legales.

“La rotación constante de presidentes y la falta de continuidad en las políticas institucionales evidencian una profunda crisis de legitimidad y confianza”, comentó Espinel. “Esto no solo afecta la credibilidad de las instituciones, sino que también socava la democracia misma en Ecuador”.

Ante la pregunta sobre soluciones, destacó la necesidad urgente de una reforma estructural profunda o incluso una consulta popular que permita replantear el rol y la composición del Consejo. “El diseño actual es insostenible y seguirá siendo un obstáculo para la estabilidad institucional mientras no se aborde de manera integral”, concluyó.

La intervención de Marcelo Espinel subraya la urgencia de reformas significativas en el sistema de designación de autoridades en Ecuador, enfatizando la importancia de restaurar la confianza pública y fortalecer la democracia en el país.