La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, este lunes 15 de julio, con siete votos afirmativos, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, que tiene como finalidad la promoción de los derechos de los animales precautelando su bienestar como seres sintientes, de acuerdo con la biología de cada especie y reconociendo los dominios y libertades, prevenir y sancionar el maltrato e implementar programas de educación, capacitación, formación y difusión en derechos de la naturaleza y de los animales.

El proyecto recoge cinco iniciativas, incluyendo la propuesta de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Animales No Humanos, presentada por la Defensoría del Pueblo, sobre la base de la sentencia N.° 253-20-JH/22 (Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos) de la Core Constitucional, adoptada el 27 de enero de 2022.

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La propuesta legal consta de 66 artículos; tres Disposiciones Generales; tres Disposiciones Transitorias; una Disposición Reformatoria y Derogatoria; y, una Disposición Final.

Entre las conclusiones, la mesa considera crucial evaluar las posibles implicaciones socioeconómicas de las medidas legislativas propuestas y su afectación a los diferentes sectores de la sociedad y los encadenamientos productivos, especialmente en lo que respecta al posible aumento de los precios de los alimentos de origen animal como consecuencia de una legislación antitécnica o ajena a la realidad económica, social y cultural del país.

Así mismo, entre las recomendaciones, el organismo legislativo determina que las normas deben ser construidas de forma participativa, plural, integral, con un sentido de realidad nacional y de las limitaciones de nuestra economía, tomando en cuenta que los animales son sujetos de derechos, pero sin dejar de lado que la interacción de estos con los humanos han sido y serán formas mediante las cuales las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejercen su derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Igualmente, considera esencial que la Comisión reconozca que la realidad nacional puede diferir significativamente de la de otros países, como los de Europa. Por tanto, el articulado del proyecto de ley debe adaptarse a las circunstancias y necesidades específicas del contexto local, reconociendo al ser humano como sujeto y fin del sistema económico. A la vez, advierte que la sobrerregulación normativa puede generar efectos no deseados, como desabastecimiento, contrabando, especulación de precios, mercados ilícitos, economías irregulares, corrupción y proliferación de mercados clandestinos.