La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta iniciativa legislativa busca subsanar la grave crisis constitucional que atraviesa el país, abordando el abuso y la desnaturalización de las garantías constitucionales.

Según los legisladores de la Comisión, esta situación ha generado una mayor carga procesal en el ámbito constitucional, retrasos en el despacho de causas y una afectación a la tutela judicial efectiva. Durante 20 sesiones de trabajo, la mesa legislativa acogió observaciones de más de 58 autoridades de diversas instituciones del Estado, expertos académicos, representantes de la sociedad civil y asambleístas proponentes de los nueve proyectos de ley sistematizados.

Se destacó la participación fundamental de la academia y juristas en libre ejercicio, cuyo aporte desde sus conocimientos profesionales ha fortalecido significativamente el proyecto.

Fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades

Además del proyecto de reformas, la Comisión también ha dado seguimiento al proceso de fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, realizado en 2022. En este contexto, se recibió a diversos investigadores y académicos, entre ellos Byron Villacís, exdirector del INEC, quien denunció la politización del censo.

Villacís afirmó que durante la ejecución del censo, el INEC estuvo adscrito a la Presidencia de la República, lo que generó denuncias sobre el uso indebido de sedes del censo para actividades de campaña electoral y la utilización de datos de cédulas de ciudadanía para fines bancarios y de perfiles crediticios.

Por su parte, los investigadores David Vera y Manuela Picq subrayaron serias distorsiones entre los datos obtenidos del censo en línea y presencial, lo cual evidencia omisiones y falencias en la planificación y ejecución del proceso censal.