La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Gissela Garzón, solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que realice un seguimiento detallado sobre el tratamiento del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar.

Este pedido surge después de que el CAL suspendiera temporalmente el proceso de juicio político el 17 de mayo de 2024, debido al embarazo de alto riesgo de la fiscal, decisión respaldada por un informe de la Procuraduría General del Estado que avaló la suspensión para proteger los derechos de la persona.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, consultó previamente a la Procuraduría sobre la competencia del CAL para suspender el juicio político en tales circunstancias, obteniendo una respuesta afirmativa.

El procurador determinó que era procedente suspender la sustanciación del juicio mientras persista el riesgo del embarazo, aunque no especificó temporalidad en su informe.

El 7 de julio de 2024, Gissela Garzón presentó formalmente al CAL su solicitud de seguimiento respecto al criterio del Procurador.

Expresó preocupación por la posible mermada capacidad de fiscalización de la Asamblea si se establece jurisprudencia a partir de este caso, sugiriendo que podría sentar un precedente que afecte futuros juicios políticos.

La sesión en la que se trató el pedido de Garzón fue declarada reservada, por lo que no se conocen detalles específicos de las deliberaciones.

La asambleísta reiteró que su objetivo es asegurar que el CAL implemente medidas que preserven la capacidad de fiscalización legislativa, fundamental para el ejercicio democrático y la rendición de cuentas en el país.