Rosa Argudo, secretaria nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se pronunció sobre unas acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias realizadas por cinco asambleístas de Azuay.

Mencionó que ella y su familia han recibido amenazas de muerte desde que comenzó la fiscalización. Responsabilizó a los asambleístas de Azuay y a Sebastián Cevallos del Frente Unitario de Trabajadores por cualquier incidente contra ella o su familia.

Argumentó que las acusaciones son un intento de desviar la atención de problemas de mala práctica médica en el Hospital del IESS José Carrasco Arteaga, donde han buscado apoyo para mejorar la infraestructura.

En enero de 2024, Argudo intentó reunirse con los asambleístas para discutir mejoras en el hospital, pero solo dos delegados asistieron y no abordaron los temas planteados.

En junio de 2024, durante una comparecencia en la Casa Legislativa de Azuay, se sintió “emboscada” al ser interrogada sobre temas sindicales en lugar de la presunta negligencia médica que deseaba abordar.

En cuanto a las acusaciones de nepotismo, Argudo defendió que sus hijos y nuera trabajan en el IESS tras ganar concursos públicos, y subrayó que ella no tiene poder de nominación.

Respecto al presunto tráfico de influencias y la propiedad del Hotel San Antonio en Cuenca, explicó que el hotel pertenece a la Confederación de Obreros del IESS y está registrado a nombre de su hijo, quien facilitó los trámites.

Argudo confirmó que su hija adquirió máquinas dispensadoras para hospitales mediante un acuerdo legal en junio de 2021, y aseguró que está dispuesta a colaborar con la Contraloría General del Estado, que inició un examen especial tras notificarla el 8 de julio de 2024.