Este lunes, se presentó ante la Corte Constitucional de Ecuador una segunda demanda que busca despenalizar completamente el aborto en el país. La abogada Ana Cristina Vera Sánchez, directora de litigio estratégico en Surkuna, explicó que esta medida responde a la grave situación de salud pública y justicia social causada por el aborto inseguro.

Destacó que el aborto inseguro representa una importante crisis de salud pública y justicia social en Ecuador. Según la abogada, la principal barrera que contribuye a esta problemática es la penalización del aborto, la cual impide que mujeres, niñas y personas gestantes accedan a abortos seguros, incluso en los casos permitidos por la ley. Las estadísticas muestran que, a pesar de la despenalización del aborto en casos de violación desde abril de 2021, solo se han registrado 93 casos legales en dos años, mientras que seis niñas de entre 10 y 14 años dan a luz diariamente en el país, muchas de ellas víctimas de violación.

Enfatizó que la existencia del delito de aborto no previene que las mujeres aborten, sino que las obliga a hacerlo en condiciones inseguras. Citando directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022, Vera señaló que esta organización recomienda eliminar la penalización del aborto en todos los casos y tratarlo como un servicio de salud esencial. En Ecuador, las más afectadas por la penalización son mujeres jóvenes, empobrecidas, racializadas y que viven en áreas remotas, quienes no tienen acceso a recursos económicos para un aborto seguro incluso en la clandestinidad.

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La demanda presentada por el movimiento Justa Libertad el 19 de marzo y la reciente por otras organizaciones feministas y de mujeres solicitan la eliminación del delito de aborto consentido del Código Penal. Argumentan que la regulación del aborto debe trasladarse del ámbito penal al sanitario, asegurando su acceso como un servicio de salud esencial. Vera afirmó que regular la salud reproductiva de las mujeres a través del derecho penal es abusivo y genera más daños que beneficios, incrementando las tasas de morbilidad y mortalidad materna.

Vera también mencionó que la criminalización del aborto impacta negativamente en la vida de muchas mujeres. Aunque existen discrepancias sobre el número de mujeres sentenciadas por aborto, se estima que aproximadamente 498 mujeres han sido procesadas por este delito, con una mayoría enfrentando sentencias condenatorias. La abogada subrayó que estas condenas a menudo violan el debido proceso y se basan en estereotipos de género, con sanciones discriminatorias como el cuidado de niños en orfanatos o tratamientos psicológicos.

Sobre la regulación del aborto en términos de tiempo, afirmó que cualquier normativa sanitaria debería basarse en criterios técnicos y tomar en cuenta las directrices de la OMS y otras experiencias internacionales. La abogada insistió en que el aborto no debe ser regulado como delito en ninguna circunstancia, sino como un procedimiento de salud, enfatizando la necesidad de eliminar completamente su penalización del Código Penal.

Finalmente, mencionó que un estudio realizado en 2014 por el Estado ecuatoriano, titulado “Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva”, demostró que atender complicaciones derivadas del aborto es significativamente más costoso que realizar abortos seguros. Además de los costos económicos, la penalización del aborto conlleva consecuencias sociales y psicológicas para las mujeres y niñas que enfrentan la clandestinidad y procedimientos inseguros.