Steven Ordóñez, asambleísta del oficialismo, se pronunció sobre las recientes reformas derivadas de la consulta popular del pasado 21 de abril y rechazó la idea de aplicar criterios de dosimetría y proporcionalidad en ciertos casos, argumentando que el aumento de penas es lógico para delitos graves. Ejemplificó que no se puede decir a una víctima que se aplicará la dosimetría cuando han perdido a un ser querido por actos terroristas. Las penas para ciertos delitos aumentarán de 10 a 30 años.

Explicó que se agregaron 12 nuevos delitos a los artículos 698 y 699 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 698 se refiere al régimen semiabierto, y el 699 al régimen abierto. Anteriormente, los condenados podían salir tras cumplir el 60% de su pena, pero con las reformas, se endurecen las condiciones de salida.

Los beneficios de regímenes abiertos y semiabiertos no se aplicarán a delitos como la financiación del terrorismo, el reclutamiento de menores con fines delictivos, el secuestro extorsivo y la producción ilícita de drogas.

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Actualmente, hay 48.000 armas en cadena de custodia de las Fuerzas Armadas, de las cuales 6.000 son de largo alcance. Con las reformas, se establece un plazo de 90 días para que la Fiscalía realice pericias y 15 días para que un juez levante la cadena de custodia, permitiendo así que estas armas puedan ser utilizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas.

La única modificación en las reformas fue para los mineros artesanales, aplicándose la pena solo si se certifica que su actividad está combinada con delincuencia organizada.

Steven Ordóñez defendió las reformas como necesarias para enfrentar la criminalidad y asegurar justicia para las víctimas, argumentando que la severidad en las penas es un reflejo de la gravedad de los delitos. Las reformas buscan endurecer las condiciones de condena y agilizar el uso de armas decomisadas para reforzar la seguridad en el país.