La Comisión de Justicia avocó conocimiento de una iniciativa de Ley para el Cumplimiento de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, en lo Relativo a la Prohibición del Arbitraje Internacional, que reforma 7 normas legales y es propuesta por los legisladores Ricardo Ulcuango y Esther Cuesta.

Los parlamentarios proponentes manifestaron que, “es necesario armonizar la normativa nacional con el abrumador consenso, de más del 65 % de los votantes, según el CNE, en rechazo a este mecanismo que genera daños irreparables para el medio ambiente y nefastas consecuencias económicas para el Ecuador”.

Según lo detallado por el legislador Ricardo Ulcuango, el Ecuador atraviesa por 86 demandas internacionales activas, entre ellas, 14 demandas comerciales, 18 juicios en sede extranjera, 42 notificaciones de controversias, entre otras, significando, hasta la fecha, una pérdida de más de 2 mil millones de dólares.

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Además, Julio Prieto y Pablo Fajardo, expertos en mecanismos de defensa internacional coincidieron en que los laudos extranjeros pueden configurarse como contrarios al orden público nacional si se los ejecuta sin una normativa de control y se los acepta las decisiones de la justicia nacional. Por lo que, “se requiere un filtro para evitar que las decisiones contrarias a la soberanía nacional acaben con la seguridad jurídica ecuatoriana y pasen por encima de la Constitución”.

Para el abogado Pablo Fajardo, en las actuales condiciones, el país, tanto como las comunidades afectadas, no tienen derecho a defenderse activamente bajo ningún mecanismo, “porque los árbitros internacionales juegan con reglas hechas por las empresas transnacionales, mientras que el Estado queda en una enorme desventaja”.

Al finalizar las comparecencias, Fernando Cedeño, quien preside la comisión, anunció que oportunamente continuará su análisis junto a la sociedad civil, academia y expertos en la materia.