En la sesión del 4 de julio, la Asamblea Nacional aprobó con 95 votos a favor una resolución para instar al presidente Daniel Noboa a declarar en emergencia la caja fiscal de los gobiernos seccionales. Esta moción fue impulsada por la asambleísta Johanna Ortiz, de la Revolución Ciudadana, y elaborada por la Comisión del Trabajo.
La resolución tiene como objetivo abordar la crisis provocada por la falta de transferencia de las asignaciones presupuestarias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), especialmente en los municipios. La legislatura solicitó al Primer Mandatario emitir esta declaratoria para que se reconozca y gestione adecuadamente la situación financiera de los GAD.
El Parlamento también instó al Ejecutivo a verificar la fuerza mayor generada en las cuentas de los gobiernos seccionales en relación con las obligaciones patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Con esta verificación, se busca suspender cualquier débito automático o cobro dispuesto por el Banco Central del Ecuador.
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La resolución, compuesta por ocho artículos, incluye también la solicitud al presidente Noboa para que instruya a la Banca Pública a reestructurar las deudas de los GAD que se encuentran en mora o en ejecución coactiva.
Además, la Asamblea pidió al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, que programe la inmediata transferencia de las asignaciones correspondientes a octubre, noviembre, y diciembre de 2023, así como enero y febrero de 2024.
Por último, se convocó al ministro Vega a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo de 10 días para explicar personalmente sobre las transferencias a prefecturas, municipios y juntas parroquiales.
