A través de un oficio, Fernando León, gerente del Hospital José Carrasco Arteaga -casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)-, notificó a la hija e hija política de Rosa A. que ya no laborarán más como jefas de dos unidades médicas. El oficio fue firmado el 2 de julio de 2024.
Esto ocurre en medio de la investigación que cinco asambleístas iniciaron en contra de Rosa A., secretaria Nacional del Sindicato Único de Trabajadores del IESS por presuntos casos de corrupción y nepotismo.
Seguido, el Sindicato se pronunció a través de un oficio defendiendo el trabajo que Rosa A. realiza como secretaria nacional. En el pronunciamiento detallan que la comparecencia del pasado 25 de junio de 2024 en Cuenca fue un “interrogatorio inquisitivo basado en preguntas autoincriminatorias”.
Además, argumentaron que la información entregada por los asambleístas se formuló “en base a falacias temerarias y maliciosas, como por ejemplo que la organización sindical posee treinta mil afiliados, cuando no es verdad y se lo va a demostrar en base a documentos”.
El Comité del sindicato también denunció que son víctimas de linchamiento mediático por diversos medios de comunicación. Esto “ha generado graves conmociones a la integridad psicológica y física de la compañera Rosa A. en su calidad de Secretaria General de la organización sindical, así como a su núcleo familiar”, detalla el pronunciamiento.
Finalmente, responsabilizan al Estado por la integridad de los investigados debido a una “inconstitucional persecución extralimitada”.
La investigación
El 2 de julio de 2024, los asambleístas de Azuay alertaron a la Fiscalía General del Estado sobre el presunto intento de salida del país de familiares de Rosa A. Ella es investigada en esa provincia por presuntos casos de corrupción dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Rosa A. admitió en su comparecencia del 25 de junio de 2024, que al menos cinco de sus familiares trabajan en la institución. Además del presunto nepotismo, las autoridades fiscalizan un presunto caso de corrupción dentro del sindicato de trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde es secretaria.
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