En cumplimiento del mandato ciudadano y antes del plazo establecido, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, que reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Por petición del presidente de la Comisión Multipartidista, Carlos Vera Mora, se suspendió el segundo debate, por 48 horas, hasta analizar las nuevas observaciones expuestas por las y los legisladores. La solicitud se fundamentó en el artículo 62, inciso 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En la sesión se presentaron los criterios de expertos en materia penal y de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron varias observaciones al articulado, indicando la necesidad de modular algunos de los tipos penales enviados por el Ejecutivo.

Los temas debatidos fueron sobre las acciones del Estado contra la delincuencia, sanciones para la corrupción y delincuencia de cuello blanco, aplicación del principio de proporcionalidad de las penas, dosimetría penal, límites del dictamen de la Corte Constitucional, necesidad de combatir al crimen organizado, impulso de políticas públicas enfocadas en las causas, plan integral para combatir la delincuencia, y el incremento de delitos en el 200 %.

La reforma al COIP aumenta las penas en doce delitos: trata de personas; asesinato; sicariato; secuestro extorsivo; producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; actividad ilícita de recursos mineros; lavado de activos; tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas; terrorismo; financiación del terrorismo; y, delincuencia organizada. Según la gravedad de la infracción en algunos casos la pena máxima llega a los 30 años de privación de libertad.

También incluye a más delitos en los que las personas privadas de la libertad no podrán acceder al régimen abierto y semiabierto, dentro del proceso de rehabilitación social; tipifica el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional; y, determina legalmente el destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito.

El parlamento debate el proyecto de Ley con premura, dado que los plazos están próximos a vencer, lo que podría afectar la aprobación final del mandato popular. Esta situación fue criticada por el presidente Noboa en una publicación en las cuentas oficiales de la presidencia, donde rechazó el presunto intento del parlamento de reducir las penas en los delitos propuestos en el texto original.