El Ministerio de Trabajo de Ecuador, representado por la ministra Ivonne Núñez, ha solicitado un examen especial a los contratos colectivos suscritos en cuatro importantes empresas públicas: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Petroecuador. La solicitud fue presentada el 1 de julio de 2024 ante la Contraloría General del Estado (CGE).

La cartera de Estado busca determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, en caso de que se encuentren irregularidades. La solicitud se basa en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP).

Además, el ministerio pretende obtener, si corresponde, la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos que infrinjan las normas legales, conforme al artículo 26 de la LOEP.

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)

• Primer contrato colectivo de trabajo suscrito con el Comité de Empresa de los Trabajadores el 18 de mayo de 2021.

Empresa Pública de Hidrocarburos de Ecuador (Petroecuador)

• Primer contrato colectivo de trabajo suscrito con el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetrapep) el 15 de noviembre de 2017.

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Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)

• Proceso de tercera revisión del contrato colectivo de trabajo suscrito con el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores el 10 de noviembre de 2023.

Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec)

• Segundo contrato colectivo de trabajo suscrito con el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetracelec) el 10 de enero de 2018.

El Ministerio indicó que los contratos colectivos referidos fueron aprobados sin contar con los dictámenes previos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, se menciona el traslado de servidores amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) hacia el Código del Trabajo, lo que, según el ministerio, desconoce la condición de regímenes legales diferentes.

Manifestó su compromiso de colaborar plenamente con la CGE para garantizar que los exámenes especiales se realicen de manera exhaustiva y que se tomen las medidas necesarias en caso de encontrar irregularidades.