Este 27 de junio, el exasambleísta y exministro de Gobierno en la gestión de Guillermo Lasso, Francisco Jiménez, anunció la entrega de unas 10.000 firmas para inscribir, el movimiento político “Acción” para futuros procesos electorales.

En una reciente entrevista en Radio Sucesos, Jiménez explicó que “Acción” no es solo su iniciativa personal, sino el resultado del trabajo conjunto de un grupo diverso de personas con experiencia en la función pública en diversas provincias del país. Destacó la importancia de formar una organización seria y comprometida, no simplemente otro cascarón político.

En cuanto a los principios de Acción, Jiménez delineó una plataforma que abarca desde la construcción de un estado ágil y laico hasta una economía equilibrada y el fortalecimiento de los derechos femeninos. Subrayó la necesidad de un equilibrio republicano entre las instituciones para garantizar la eficiencia estatal y la responsabilidad social.

Rafael Correa es vinculado a caso de peculado por concesión del Puerto de Manta

Sobre la capacidad de Acción para presentar candidatos en las elecciones de febrero de 2025, Jiménez señaló que aunque están avanzando con la recolección de firmas, es poco probable que estén listos para competir directamente en estas elecciones. Sin embargo, mencionó que están explorando alianzas con otras organizaciones políticas de centro e izquierda, buscando formar un frente unido que trascienda las simples etiquetas ideológicas.

En cuanto a la situación política actual de Ecuador, Jiménez expresó preocupación por la falta de continuidad y planificación en las políticas públicas, destacando que muchos candidatos carecen de propuestas claras más allá de las campañas electorales. Hizo un llamado a un enfoque más transparente y sostenible en la gestión pública, enfatizando la importancia de la honestidad y la planificación a largo plazo.

El abogado también abordó temas de seguridad y crimen organizado, argumentando que la institucionalidad y la seguridad están intrínsecamente relacionadas. Propuso un enfoque integral que incluya la reforma del sistema carcelario y una mayor colaboración entre los gobiernos locales y la función judicial para abordar eficazmente los desafíos de seguridad del país.