Dos acciones de protección fueron presentadas contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por el concurso para elegir al Defensor Público.
Los excandidatos Maritza Romero y Jorge Ballesteros presentaron estas acciones el 10 y el 28 de junio de 2024, respectivamente.
Maritza Romero, descalificada el 5 de junio, presentó su acción con medida cautelar en Tumbaco, argumentando que su descalificación fue ilegal, tras una impugnación por supuesta violación de derechos humanos y falta de probidad.
Jorge Ballesteros, quien fue descalificado y luego reincorporado por una comisión antes de ser excluido nuevamente con el aval de un informe jurídico, presentó su acción en Quevedo el 28 de junio.
La jueza Mónica Freire, de Tumbaco, aceptó parcialmente la acción de Romero y resolvió que el Cpccs debe ofrecerle disculpas por vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
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