La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social avanzó en el proceso de fiscalización a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lo cual escuchó los argumentos de nuevos comparecientes.

El primero en intervenir fue Roberto Fajardo, representante del colectivo Yasunidos, quien rechazó los acuerdos con el FMI, “porque han profundizado las condiciones de endeudamiento del Ecuador”. Comentó que el extractivismo está atado a los endeudamientos históricos que ha tenido el país, porque han impulsado la publicidad de la extracción minera y ha transformado al sector privado en el motor principal de América. “Se ha mercantilizado la naturaleza por los intereses de la minería metálica”, insistió.

En este contexto, puso como ejemplo a los territorios de Sigchos y a la población Shuar debido a los proyectos de extracción minera que se ejecutan en esas zonas. “Los acuerdos con el FMI comprometen la soberanía del Estado y los derechos constitucionales de los pueblos, nacionalidades y la naturaleza”, sostuvo.

La legisladora, Gissela Garzón preguntó si es factible incluir en el acuerdo la preocupación del cambio ambiental como ha manifestado el FMI, a lo que respondió que es una contradicción porque se refiere al crecimiento económico, visto desde el modelo extractivista petrolero y de minería metálica.

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Por su parte, Franklin Samaniego cuestionó el canje de deuda por naturaleza que contiene el acuerdo internacional. En respuesta, Fajardo indicó que se trata de un mecanismo novedoso y que al momento no se puede ver los resultados. “En estos canjes de deuda se han dejado de lado a comunidades, gobiernos parroquiales y organizaciones sociales que, además, no fueron consultados por el Gobierno”, dijo. Añadió que se han beneficiado los tenedores de deuda extranjeros.

En este contexto, Samaniego propuso a la comisión investigar con quiénes se ha gestionado el canje de deuda por naturaleza, ya que se encuentra el peligro la soberanía del país.

César Raza, experto en Derecho Constitucional, aseveró que el convenio con el FMI no requirió la aprobación legislativa, pero que la Asamblea Nacional tiene la obligación de realizar la fiscalización que considere necesaria.

Para Raza, sí existen atropellos a las leyes ecuatorianas. Sugirió que se realice una lista de las vulneraciones legales provocadas por el Comité de Deuda del Gobierno Nacional que aprobó el acuerdo con el FMI. También, consideró importante tramitar una acción de protección en contra de las políticas públicas generadas por el acuerdo, por vulneración de derechos del pueblo ecuatoriano.

A Patricio Chávez, presidente de la comisión, le preocupó el impacto que puede tener el acuerdo internacional en el sector productivo, especialmente en las Pymes y emprendedores. Raza respondió que se verán perjudicados en la entrega de créditos, porque las condiciones del FMI no contemplan tal posibilidad.

Gloria Toapanta, en representación de la Unión Nacional de Educadores, dijo que la carta de intención N.° 23 con el FMI, es una continuación de gobiernos anteriores. Expresó su preocupación por la flexibilización laboral que propone el FMI, por cuanto pone en riesgo la estabilidad laboral y las remuneraciones, entre otras observaciones. También se refirió al incremento del IVA, la reducción de subsidios y el incremento del precio de la gasolina, así como la reducción significativa de recursos económicos para inversión pública.

El presidente Patricio Chávez agradeció la presencia de los invitados, cuyas observaciones y recomendaciones ayudarán a esclarecer el impacto del acuerdo con el FMI en la soberanía y el pueblo ecuatoriano, en especial, las condiciones laborales, educativas y ambientales.