El lunes 24 de junio de 2024, el ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Loffredo, anunció la intervención del gobierno en el cantón Durán, ubicado en la provincia del Guayas, con el objetivo de combatir la creciente influencia de grupos terroristas en la región.

Esta decisión, dicen, se tomó debido a la estratégica ubicación de Durán, que lo ha convertido en un centro crítico para la delincuencia organizada.

Durán ha sido identificado como un punto clave para diversas actividades ilegales, incluyendo el transporte y acopio de drogas, la contaminación de puertos, y la operación de pistas clandestinas.

Estos factores han hecho del cantón un escenario de disputa entre grupos terroristas, según Loffredo. La actividad de estos grupos ha generado un clima de inseguridad, con ciudadanos siendo víctimas de extorsión, microtráfico y otros delitos.

En respuesta a esta situación, los ministerios encargados de la seguridad se reunieron con el presidente Daniel Noboa para diseñar un plan de intervención en Durán.

Aunque los detalles del plan aún no se han revelado completamente, se ha confirmado que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas serán desplegadas en el área para restaurar el orden y combatir las actividades criminales.

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Paralelamente, se han observado resultados positivos en la lucha contra la violencia en Manta, otro cantón de la provincia de Manabí.

Según datos de la Policía Nacional, del 6 al 23 de junio, Manta experimentó 18 días consecutivos sin muertes violentas.

Además, los homicidios se redujeron en un 27% comparado con el mismo periodo en 2023, pasando de 173 a 127 muertes violentas.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, comentó sobre estos avances, subrayando que aunque aún no se ha alcanzado la meta deseada, se están haciendo progresos significativos.

En la provincia de Manabí, se llevaron a cabo 147 allanamientos que resultaron en la detención de 140 personas por diversos delitos.

En la semana del 17 al 23 de junio, 25 personas fueron capturadas por cargos relacionados con la tenencia de armas de fuego, extorsión, posesión de sustancias ilícitas, y receptación.