Organizaciones sociales rechazan construcción de cárcel en Santa Elena

Jun 22, 2024

Más de veinte organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se han pronunciado en contra de la construcción de una de las dos cárceles de máxima seguridad propuestas por el presidente Daniel Noboa. La primera piedra de este proyecto fue colocada el viernes 21 de junio en Santa Elena.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que agrupa a dichos colectivos, emitió un comunicado conjunto en el que señalan que «este es un proyecto innecesario y antitécnico que, además de violar derechos colectivos y de la naturaleza, incurre en las mismas soluciones fallidas que han incidido en la crisis carcelaria ecuatoriana».

Críticas al Proyecto

En su pronunciamiento, la Alianza calificó la construcción de la nueva «megacárcel» como una medida populista y carente de rigor técnico. «Denunciamos la construcción de la nueva ‘megacárcel’ como una medida populista, carente de rigor técnico», afirmaron.



La prisión se construirá en la provincia de Santa Elena y tendrá una capacidad para 880 reclusos. Estará destinada principalmente a los líderes de las bandas criminales, a quienes el presidente Noboa ha declarado la «guerra» bajo la figura de un conflicto armado interno. Estas bandas son consideradas por el gobierno como una de las principales causas del alto índice de homicidios en Ecuador.

El Gobierno estima que la construcción de la cárcel tomará aproximadamente 300 días y tendrá un coste de 52 millones de dólares.

Terrenos en Bajada de Chanduy

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la ubicación del proyecto. Según su comunicado, los terrenos donde se construirá la prisión pertenecen a «comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy». Además, en estas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia, un ecosistema primario que alberga árboles de más de cien años y una vasta flora y fauna, así como restos arqueológicos de culturas ancestrales de la costa.

En virtud de estos hallazgos, la Alianza sostiene que el Gobierno debe realizar una consulta previa, libre e informada a los habitantes de la comunidad de Bajada de Chanduy, tal como lo requiere la legislación para proyectos en territorios indígenas.



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