El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Registro, con sustento en el informe remitido por la Comisión de Gobiernos Autónomos y que tiene por objeto incluir las resoluciones emanadas de la Jurisdicción Indígena que resuelvan conflictos internos, en los registros de actos y documentos públicos.

La legisladora ponente, Fabiola Sanmartín señaló que en la reforma al artículo 25 de la Ley de Registro deberá constar que, están sujetos al registro de títulos, actos y documentos, las resoluciones emanadas de la Jurisdicción Indígena que resuelvan conflictos internos.

Para ello, la Dirección Nacional de Registros Públicos, en un plazo máximo de seis meses, en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, dispondrá la creación del libro correspondiente en todos los Registros de la Propiedad del territorio ecuatoriano para la inscripción de las resoluciones emanadas de la jurisdicción Indígenas que resuelvan conflictos internos.

Fabiola Sanmartín reflexionó sobre la pluralidad jurídica en la práctica, a la luz de los derechos colectivos y sentencia de la Corte Constitucional respecto a los conflictos internos.

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Ricardo Ulcuango recordó que este proyecto fue presentado a finales de 2021, con el objeto de reformar la Ley vigente desde 1966, considerando que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, debiendo transversalizar este mandato con las normas relacionadas con los pueblos y nacionalidades.

La reforma se fundamenta en el ejercicio de los derechos colectivos contemplados en el artículo 57 y otros de la Constitución, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión de Gobiernos Autónomos, previo al informe, socializó la iniciativa con representantes de la Dirección de Registros Públicos, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Consejo de la Judicatura y Federación Ecuatoriana de Notarios.

Durante el tratamiento de la iniciativa, la mesa legislativa recibió observaciones de Bolívar Beltrán, experto en justicia indígena; Aníbal Puga, experto en Derecho Registral; Franklin Columba Cuji; Aquiles Hervas; Jaime Villalva, asesor del Registro de la Propiedad de Guayaquil; y, Roberto Benigno Saltos, gerente general de la Empresa Pública del Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil.

La primera vicepresidenta en la conducción de la sesión, Viviana Veloz cerró el primer debate y dispuso que el proyecto regrese a la comisión para que continúe el trámite establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.