Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, afirmó que se ha evitado un desembolso de 200 millones de dólares del Estado debido a los contratos colectivos en el sector público. Señaló que estos contratos han sido utilizados de manera indebida para transferir beneficios a los trabajadores, contraviniendo la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en lugar del Código de Trabajo.

Desde 2017, la Corte Constitucional ha emitido dos sentencias para garantizar el cumplimiento de la Losep y evitar estas prácticas irregulares. La ministra acusó a los funcionarios que promovieron estos contratos de intentar obtener pagos retroactivos por los beneficios otorgados bajo estos acuerdos colectivos.

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En colaboración con el Ministerio de Energía, la Procuraduría, el Ministerio de Finanzas y el propio Ministerio de Trabajo, se logró impedir la dispersión de los mencionados 200 millones de dólares que, según Núñez, deben ser utilizados para el pago de deudas sociales y con jubilados.

Además, instó a los dirigentes sindicales a formarse técnica y jurídicamente, invitándolos a estudiar las sentencias de la Corte Constitucional. Afirmó estar dispuesta a comparecer cuantas veces sea necesario, como lo hizo en una acción de protección anterior, para salvaguardar los recursos del Estado.

Finalmente, mencionó que los altos sueldos en algunas entidades públicas se explican, entre otras razones, por las remuneraciones variables, una práctica que está siendo regulada para asegurar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y otras normativas vigentes.