La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, avanzó en el estudio del acuerdo que en días pasados suscribió el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lo que escuchó la opinión de expertos en la materia.

Esta vez comparecieron Andrés Chiriboga, del Observatorio de la Dolarización; Marco Flores, exministro de Economía y Finanzas y exsecretario del Foro Economía y Finanzas;  Diego Borja, experto económico; Gustavo Endara, coordinador de proyectos; y, Christian Pino, experto en Derecho Constitucional.

Los comparecientes coincidieron en que el acuerdo servirá para pagar la deuda con el mismo organismo internacional y no se destinará a la inversión social.

A consideración de Marco Flores, se trata de un acuerdo extremadamente caro, que llegará a un 7 % de interés y que no existirá un mayor margen para reestructurar la deuda. Además, insistió en que continúa la misma política económica de los expresidentes Guillermo Lasso y Lenín Moreno, ya que no existió inversión pública y se usó el crédito para el pago de la misma deuda.

Para Flores, Ecuador requiere inversión pública en salud, educación, obra pública, seguridad y “el resto que espere”. A su criterio, la inversión pública no sucederá. En este aspecto, el asambleísta Jorge Chamba sostuvo que “es crítico lo que vive el país. Hay que priorizar al ser humano, no a la deuda, pues hay 7 millones ecuatorianos en extrema pobreza”, subrayó.

La asambleísta Rina Cantó consideró que “nos estamos vendiendo al FMI, simplemente se aceptaron las condiciones y no se impulsó una renegociación de deuda”.

Para Andrés Chiriboga se trata de un acuerdo entre el Ejecutivo y el FMI, porque no existió una aprobación de la Asamblea Nacional para que se formalice, más aún cuando también existen reformas legales.

Diego Borja, sostuvo que hace falta de transparencia del Gobierno Nacional, en la negociación con el organismo internacional. Rechazó que haya sido por medio del FMI que el país haya conocido las condiciones del acuerdo alcanzado. Adicionalmente, sostuvo que el Presidente de la Nación tiene la obligación de salvaguardar los intereses del país y no aceptar imposiciones del FMI.

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Aseguró que existen otros intereses para la firma de este acuerdo que provienen del presidente, Daniel Noboa y sería alcanzar el apoyo internacional para una eventual reelección.

A criterio de Gustavo Endara, “si se maneja bien el acuerdo podría convertirse en un instrumento positivo para el país, en especial para el sistema financiero.

El criterio jurídico estuvo a cargo del experto Christian Pino, quien aclaró la figura legal que rige al acuerdo, que podría ser considerado, además, como convenio y tratado internacional. “Es un documento que está legalmente regido por el derecho internacional”, enfatizó.

Para Pino, la Asamblea Nacional tiene la obligación de analizar y aprobar el acuerdo, ya que constan reformas legales. Precisó que si existe el compromiso de generar cambios en materia de seguridad social y tributaria, la Asamblea debe aprobar este acuerdo.

No obstante, criticó que el Gobierno Nacional no haya enviado el documento a la Corte Constitucional para el respectivo análisis y concluir si es o no constitucional el acuerdo. El siguiente paso debió ser, remitirlo a la Asamblea Nacional, insistió.

El presidente de la comisión, Patricio Chávez agradeció los aportes de los expertos y resaltó los “análisis rigurosos e invaluables” de cada uno, pues orientan a los comisionados a obtener un criterio responsable y acertado sobre el reciente acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional.