El abogado constitucionalista, André Benavides, se pronunció sobre la controversia generada ante la decisión de la Asamblea Nacional de no autorizar el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, porque el documento que acompañaba la solicitud era secreto, impidiendo así la votación necesaria para proceder con el juicio.

Ante ello, el experto explicó que, aunque ciertos aspectos de la instrucción fiscal pueden ser confidenciales, el proceso penal en sí ya es público y la información accesible a través del sistema judicial, por lo que “decir que toda la instrucción fiscal es reservada me parece un desconocimiento”.

Es así como considera que la función de los asambleístas se debió limitar a autorizar o no el procesamiento penal, sin necesidad de valorar pruebas, ya que en esta etapa judicial solo existen elementos de convicción, no pruebas concluyentes. Criticó la justificación utilizada por los legisladores, sugiriendo que la decisión fue más política que jurídica.

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Benavides también destacó que la decisión de la Asamblea no impide que se haga justicia, ya que el delito de concusión es imprescriptible. Por lo tanto, Verónica Abad podría ser procesada una vez que termine su mandato en mayo de 2025. “La actuación de la Asamblea Nacional no entorpece la justicia, porque este caso no quedará en la impunidad”, aseguró.

Respecto a las posibles acciones del gobierno para evitar que la vicepresidenta asuma el poder durante la campaña electoral, mencionó que el gobierno está explorando otras vías legales, incluyendo una solicitud al Procurador General del Estado para interpretar la Constitución y el Código de la Democracia. Sin embargo, advirtió que cualquier decisión del Procurador podría desencadenar un juicio político en su contra.

Finalmente, el constitucionalista concluyó que el proceso judicial contra otros involucrados continuará, y que la vicepresidenta podría ser llamada a dar nuevas versiones dentro de la instrucción fiscal.