El Consejo de Administración Legislativa (CAL), en la sesión desarrollada este sábado 15 de junio, avocó conocimiento de cuatro solicitudes de juicio político en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres; la exministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino; y en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto.

Las solicitudes, junto a la documentación presentada, serán remitidas a la Unidad de Técnica Legislativa para que, en el plazo máximo de tres días, emita el informe no vinculante de cumplimiento de requisitos.

Con relación a las nuevas iniciativas legales, el CAL calificó el proyecto de Ley de Víctimas, que será tramitado por la Comisión de Garantías Constitucionales; y, el proyecto de reformas a la Ley para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, que debe ser analizado por la Comisión de Biodiversidad. Las mesas legislativas quedan autorizadas para unificar las propuestas con otras de la misma materia, que se encuentren en trámite.

Además, el CAL autorizó la prórroga de 30 días solicitada por la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, para presentar el informe de fiscalización del accionar del Ministerio de Salud Pública, respecto de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a consecuencia de la enfermedad infecciosa del dengue que afecta a la ciudadanía de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Cañar, Pichincha y Cotopaxi, así como de la deuda que mantiene con Solca y clínicas de diálisis.

Finalmente, de conformidad al artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resolvió remitir la documentación relacionada con los requerimientos de información realizados por los asambleístas Cristhian Vega, Victoria Desintonio y Sixto Parra, a la Comisión de Gobiernos Autónomos para que proceda según lo dispuesto en la ley.