La jueza Daniella Camacho decidió abstenerse de conocer el proceso penal contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tras la negativa de la Asamblea Nacional de autorizar su enjuiciamiento penal.

Esta decisión fue tomada, después de que la Asamblea -con una votación mayoritaria- rechazara la solicitud presentada por la jueza el 12 de junio de 2024.

De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución del Ecuador, el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente requiere la autorización de dos tercios del Legislativo

La negativa de la Asamblea significa que, constitucionalmente, no se puede proceder con el juicio penal contra la vicepresidenta Abad.

La jueza Camacho, reconociendo la falta de competencia debido a la ausencia de autorización legislativa y la inexistencia de otra persona con fuero de Corte Nacional de Justicia involucrada, decidió remitir el expediente completo a la jueza María Fernanda Castro.

La doctora Castro es Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, ubicada en Quito.

La decisión de la Asamblea ha generado diversas reacciones. El Ministerio de Gobierno calificó la votación como un “sucio pacto político”. Mientras tanto, analistas políticos y observadores han debatido sobre las posibles implicaciones de este desenlace para la administración del presidente Daniel Noboa, considerando que podría enfrentar más inestabilidad política debido a este revés en la Asamblea.