Tres especialistas y académicos expusieron sus observaciones para enriquecer el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, que comprende las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio, previo al informe para segundo debate.

El experto en derecho constitucional, André Benavides dijo que le llama la atención el título de la ley, porque el contenido debería referirse únicamente a la consulta popular, además existiría una inconstitucionalidad por la falta de unidad en la materia, contraviniendo el artículo 136 de la Constitución.

En cuanto al aumento de penas en varias infracciones sostuvo que “hay delitos que se quiere sancionar como si fueran asesinatos”, por tanto se debe garantizar la dosimetría penal, caso contrario se atentaría con lo establecido en el artículo 11 numerales 4 y 8 de la Constitución, relacionado a la aplicación de los derechos. Por este motivo, recomendó observar el artículo 70 del COIP, que se debería considerar para aumentar las penas según la proporción de la infracción.

También intervino el docente universitario Fernando Altamirano, quien se refirió al contexto actual del Ecuador en materia de seguridad, estabilidad política e incremento de penas. En este último tema afirmó que no necesariamente tal aumento disuade el crimen, además toda modificación de la sanción debe apegarse a una doctrina penal.

Con relación al cumplimiento de la totalidad de las penas reflexionó sobre la necesidad de observar las garantías penitenciarias, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

Extinción de Dominio

La especialista en derecho penal, Alicia Contero recordó los antecedentes de la figura del “comiso sin condena”, ahora conocido como extinción de dominio, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las acciones reales, presunción de ilicitud y acciones de carácter civil. Con relación al articulado pidió que se analice el catálogo de delitos, porque tal como se plantea limitaría la inclusión de nuevos tipos penales.

También sugirió que se incluya en el texto que no se requiere de sentencia condenatoria ejecutoriada desde la fase preliminar o indagación.

Las inquietudes de los legisladores fueron sobre la aplicación de la extinción de dominio, devolución de los bienes cuando las personas son declaradas inocentes, entre otros temas.