El 24 de marzo del 2019, se dio una consulta popular sobre minería y uso del agua en la zona de Girón. Tras 5 años la empresa minera que opera en esa zona, ha interpuesto una acción de protección ante la Corte Constitucional para “darse de baja” según los dirigentes indígenas de la provincia.

Se trata del sector de Quimsacoha, donde la Corte de Justicia de la provincia de Azuay ordenó suspender las actividades mineras en el proyecto extractivo de oro, plata y cobre Loma Larga en el páramo de Quimsacocha. El gobierno apeló la decisión de la Corte de Justicia de Azuay, que es revisada por la Corte Constitucional.

El ente de justicia estableció una consulta previa de las comunidades que habitan el páramo y que el Ministerio del Ambiente, realizara estudios de biodiversidad y protección de agua en la zona.

Quimsacocha significa “tres lagunas” en lengua quichua con 3217 hectáreas, en donde nacen cinco de los ríos que proveen de agua a Cuenca, además de otras once poblaciones. Hoy ese lugar también es protagonista de un litigio judicial con el que se busca proteger a los bienes naturales de la zona de las actividades mineras.

Unos 50 comuneros estuvieron junto a Yaku Pérez ex candidato presidencial y otros dirigentes indígenas, que advirtieron que si no les da la razón la Corte, tomarán acciones de hecho.

“Hay un desacato y eso es grave, eso es un delito penal, por eso presentamos una denuncia en la Corte Interamericana de DDHH en contra del estado ecuatoriano” advirtió Yaku Pérez, quien acusa al gobierno actual al ministerio del Ambiente y su titular, incluyendo al presidente Noboa, de quien dijo haber presentado una acción en contra de la decisión popular.

“El presidente Noboa esta presentado un alegato a favor de que se anule la Consulta Popular, aquí hay un contubernio entre el poder político de Noboa y el poder económico de de las empresas mineras, por eso se fue en marzo a Toronto Canadá a la feria mundial de la minería” sentenció Pérez.