La Comisión de Régimen Económico aprobó, por unanimidad, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, la cual derogará la normativa vigente desde el 21 de julio de 2016. La moción la presentó el legislador Cristhian Vega.

La presidenta de la mesa legislativa, Nathaly Farinango agradeció el trabajo de los comisionados, equipos técnicos y resaltó que se trata de otra herramienta legal que golpeará al crimen organizado, su financiación y movimiento de grandes fortunas, producto de varios delitos. Con este criterio coincidieron los integrantes de la comisión.

La normativa acoge las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que constituye un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Ley incluye nuevas definiciones relacionadas con el delito. Establece que la Junta de Política y Regulación Financiera ejercerá la rectoría en materia de prevención del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos; se crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAFT), con nueve integrantes.

Además, desarrolla un capítulo respecto a la naturaleza, atribuciones, reportes y director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) designado por la Asamblea Nacional de una terna remitida por el Ejecutivo; medidas de prevención y listado de los sujetos obligados tanto financieros como no financieros; cooperación nacional e internacional; creación de unidades complementarias antilavado; entre otros aspectos.

Según el informe, la Comisión de Régimen Económico analizó las exposiciones de 12 legisladores realizadas en el primer debate, así como las presentadas en las comisiones generales por el catedrático Ernesto Velasco; el docente universitario Santiago Acurio del Pino; secretario técnico de la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas, Christian Arias; la doctora Catalina Carpio; el abogado Martín González; el docente Nino Cassanello Foghini; el docente Héctor Tapia; superintendente de Competencia Económica, Danilo Sylva Pazmiño; superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines; y, al director de la UAFE, José Neira Hanze. También, observaciones de varios asambleístas, representantes de instituciones públicas y actores de la sociedad civil.

El proyecto que irá a segundo debate contiene 94 artículos, 4 disposiciones generales, 5 transitorias, 5 reformatorias, 1 derogatoria y 1 final.