El destino judicial de la vicepresidenta Verónica Abad pende de un hilo mientras el Gobierno mantiene una vigilancia estricta sobre la resolución que adopte la Asamblea Nacional en los próximos días.

La jueza Daniella Camacho ha fijado para el 17 de junio la crucial audiencia de vinculación y reformulación de cargos en el denominado “Caso Nene,” en el que Abad está acusada de concusión.

La situación se torna aún más apremiante dado que la jueza Camacho ha solicitado a la Asamblea Nacional un pronunciamiento sobre la inmunidad de Abad en un plazo de 48 horas, indispensable para proseguir con el proceso judicial. Este plazo es crítico, ya que el 21 de junio concluyen los 90 días de instrucción fiscal, aunque la posibilidad de una extensión de 30 días más no está descartada por la Fiscalía.

El fiscal encargado del caso reveló el 10 de junio que existen elementos de convicción suficientes para involucrar a la vicepresidenta, lo que ha llevado el caso a manos de la Corte Nacional de Justicia.

¿La Asamblea tendrá los votos?

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, enfatizó que la Asamblea Nacional tiene dos caminos respecto a la situación jurídica de la vicepresidenta Verónica Abad: la autorización expresa o tácita.”En cualquiera de los dos casos, el proceso judicial debe continuar”.

Aunque afirmó que el Gobierno no está buscando activamente los 92 votos necesarios para que Abad sea enjuiciada penalmente, destacó que existen precedentes históricos en el Legislativo para estos casos, limitando las opciones a las mencionadas.”Vamos a ver quién es quién en la Asamblea”.

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Para la asambleísta Gisella Garzón, miembro del movimiento Revolución Ciudadana, expresó sus reservas sobre la capacidad de la Asamblea para alcanzar los 92 votos necesarios para proceder con el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta. Destacó que, a pesar de los diversos pronunciamientos de líderes partidarios, no hay un consenso claro que permita alcanzar la mayoría requerida. Además, subrayó que el grupo parlamentario por los derechos de las mujeres, del cual forma parte, se mantiene enfocado en la defensa de la paridad y alternancia de género, sin una postura específica sobre este tema judicial.

Garzón manifestó que la Asamblea debe actuar con responsabilidad y no dejarse influenciar por los problemas internos del gobierno. Resaltó que existen mecanismos políticos para resolver diferencias y que el uso de la Asamblea para dirimir estos conflictos es inapropiado. Criticó la rapidez con la que se está tratando el caso de la vicepresidenta en comparación con otros casos de mayor relevancia que no han recibido la misma celeridad.

Por su parte, el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, indicó que, se ha hablado de que la vinculación de la vicepresidenta es por versiones de otras personas.

“Habrá que ver qué dijeron las personas para vincularla y qué pruebas podría haber”, señaló Peñafiel.

Dijo que, Construye seguirá haciendo “lo que hemos hecho desde el día uno: votar a favor de lo correcto y votar en contra de lo incorrecto”