Los presos de Ecuador están pasando hambre, denuncian sus familias. La empresa que alimentaba a 11.000 internos de 20 cárceles abandonó las cocinas de las prisiones por una deuda del Gobierno de Daniel Noboa de 30 millones de dólares que todavía no ha sido saldada.

La primera alerta de que los presos no estaban recibiendo la comida fue el 26 de abril. El Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI), negó en esa oportunidad -a través de un boletín en redes sociales- que se hubiese suspendido la alimentación y aseguró que habían “garantizado el servicio con normalidad”.

No obstante, la Defensoría del Pueblo (DPE) recogió -posteriormente- la alerta sobre la muerte de una persona privada de libertad (PPL) de Cotopaxi por complicaciones relacionadas con la falta de acceso a alimentación. Y, antes de la suspensión del servicio de alimentación, la misma institución había alertado que la calidad y cantidad de los alimentos no cumplían con los estándares internacionales.

Graves denuncias de tortura en cárceles de Ecuador ‘bajo intervención militar’

Más de 22.000 reos en riesgo

Desde el 1 de mayo de 2024, la alimentación dejó de proveerse en ocho provincias (Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo) debido a la falta de pago al proveedor y el servicio pasó a depender de donaciones, principalmente de familiares de los PPL. Algunos solo llegan a comer una vez por día, denunció el defensor del Pueblo (e), César Córdova, al decir que tal medida se puede considerar como una tortura.

En un informe de la Defensoría, se indica que las donaciones que realizan familiares de los más de 22 mil presos son insostenibles.

La DPE, que ha realizado 82 visitas in situ a varios centros penitenciarios entre abril y mayo de 2024, ha emitido 21 alertas a la Fiscalía. De igual forma, presentaron informes al juez de la Unidad Judicial de Iñaquito, quien ordenó al Ministerio de Finanzas entregar los fondos necesarios para garantizar la alimentación de las PPL y al SNAI gestionar la continuidad del servicio hasta regularizar la contratación. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas aún no ha transferido los fondos, resultando en el incumplimiento parcial del derecho a la alimentación en varios centros.

Impacto en la población carcelaria

La falta de alimentación afecta a 11.499 PPL en el territorio 1 (norte de Ecuador) y 12.618 en el territorio 2 (sur de Ecuador). Además, en las visitas de la Defensoría se ha observado:

• Afectación a la integridad, potencialmente constituyendo tortura y malos tratos.
• Suspensión de actividades laborales, deportivas y culturales.
• Restricción de movimiento de las PPL, con salidas limitadas a la recepción de alimentos y duchas.
• Limitada atención de salud y falta de medicamentos, requisados por personal militar.
• Inactivación de protocolos de atención para casos de violencia y tortura.
• Incomunicación de las PPL y falta de información a sus familiares.
• Problemas en la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva.

Habla la empresa encargada de la alimentación…

LAFATTORIA S.A., empresa encargada de proporcionar servicios de alimentación en la División Administrativa Territorial 3 (incluyendo todos los centros de rehabilitación social, centros de adolescentes infractores y unidades de aseguramiento transitorio de Guayas), suspendió el servicio de alimentación debido a la deuda acumulada por el Estado ecuatoriano que alcanza los 30 millones de dólares.

Indicaron que, a pesar de múltiples notificaciones y alertas dirigidas al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Estado no canceló los valores pendientes y por eso cesaron sus operaciones en la región a partir del 1 de junio.

La empresa denunció que el impago les llevó a incumplir con cientos de proveedores, lo que generó una cadena de suspensiones en los despachos de materia prima. Esta situación crítica, que llevó al cierre de operaciones, condujo al inicio del proceso de desvinculación de más de 200 empleados que trabajaban directamente en la provisión de estos servicios esenciales.

Ante ello, Richard Villagrán, presidente de Lafattoria, expresó: “Nos unimos al dolor de nuestros colaboradores y excolaboradores por la pérdida de sus empleos y estamos comprometidos a generar nuevas oportunidades laborales donde seguramente los buscaremos para seguir creciendo y haciendo patria”.