El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate, el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, el cual reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

El informe analizado unifica en un solo texto los cinco proyectos remitidos por el Ejecutivo y contiene 24 artículos, que contribuirán en la lucha contra la inseguridad, los grupos de delincuencia organizada, la minería ilegal y en viabilizar la extinción de dominio de los bienes y recursos obtenidos de manera ilícita.

Carlos Vera Mora, presidente de la Comisión Multipartidista que analizó las reformas y ponente del informe, manifestó que el Ecuador atraviesa por un contexto de inseguridad sin precedentes, por lo que era urgente viabilizar herramientas para que los operadores de justicia y servidores de la fuerza pública puedan hacer su trabajo eficientemente y sin temor.

“Junto a representantes de las funciones del Estado, miembros de la academia y cuerpos colegiados en materia penal, se construyó un proyecto que tipifica nuevos delitos, como la tenencia de armas de uso privativo de la fuerza pública, que incrementa penas de hasta 30 años en delitos de terrorismo, tráfico de drogas, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, tráfico de migrantes, pornografía infantil, entre otros”, dijo.

En el debate intervinieron 13 legisladores, quienes resaltaron la necesidad de un amplio consenso para dar cumplimiento al mandato popular expresado en las urnas.

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Los legisladores Lucía Posso, Catalina Salazar y Steven Ordóñez destacaron que son 12 los delitos en los que se endurecerán las penas, a fin de aplicar todo el peso de la ley a quienes incurran en ellos. También señalaron que se eliminarán los beneficios penitenciarios a las personas privadas de la libertad que hayan sido condenadas por: asesinato; femicidio; sicariato; delitos contra la integridad con resultado de muerte; entre otros.

De su lado, Vicente Taiano, manifestó que, la reforma por sí misma no resolverá el problema de la inseguridad, sí constituye en un insumo necesario para el combate a la delincuencia, poniendo en el centro del debate el dolor de las víctimas.

Patricia Mendoza y Fernando Cedeño señalaron que la norma deberá observar los principios de proporcionalidad y dosimetría penal, para la graduación adecuada de las sanciones punitivas. Mencionaron que el incremento de penas no necesariamente reduce los índices de criminalidad. Debemos ser garantes de derechos y realizar reformas que sean eficaces sin vulnerar la Constitución de la República y el debido proceso.

Finalmente, Inés Alarcón destacó el valioso aporte de la reforma que propone que las armas de fuego incautadas y vinculadas al cometimiento de delitos, sean objeto de uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, según la necesidad de cada institución. “Aproximadamente, 32 mil armas de fuego vinculadas a ilícitos fueron incautadas durante el 2023, de estas, el 14 %, 4.597 son armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. Con esta reforma estas armas que sirvieron para aterrorizar servirán ahora para la protección ciudadana”, destacó.

Una vez concluido el debate, la primera vicepresidenta del Parlamento, Viviana Veloz solicitó notificar a la Comisión Multipartidista con las observaciones recogidas para dar continuidad al proceso legislativo y a la elaboración del informe para segundo debate.