En un extenso testimonio anticipado de casi seis horas, Mayra Salazar, excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas, brindó detalles cruciales en el caso Purga. Este testimonio, que tuvo lugar el 3 de junio, incluyó interrogatorios de la fiscal general Diana Salazar y contrainterrogatorios de las defensas de los doce procesados hasta ese momento.

Salazar, de 35 años, mencionó en al menos cuatro ocasiones su cooperación eficaz con la Fiscalía, aportando información significativa tanto para el caso Metástasis, en el cual también está procesada, como para el caso Purga. Esta colaboración ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones de ambos casos.

El caso Purga investiga el delito de delincuencia organizada vinculado a un “grupo criminal” que influyó en la justicia de la provincia del Guayas para obtener fallos favorables y cambios administrativos en beneficio de sus intereses económicos y materiales. La Fiscalía identifica al exlegislador socialcristiano Pablo Muentes como el director de esta estructura delictiva, y a la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y el juez penal del Guayas, Johann M., como parte de la planificación.

Salazar señaló tres casos específicos donde el grupo liderado por Muentes tuvo influencia: el caso del Banco del Pacífico, el relacionado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y la causa por tráfico de tierras en el cantón Durán. La información proporcionada por Salazar resultó crucial para la detención de doce personas y la vinculación de trece más.

La cooperación eficaz está regulada por el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que esta debe contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados o permitir la identificación de los responsables. En el caso Metástasis, la colaboración de Salazar resultó en la incautación de dispositivos electrónicos que contenían información valiosa para las investigaciones.

Salazar ha expresado su deseo de colaborar con la justicia para reconocer un error cometido y revelar el modus operandi de una estructura que manipuló el sistema judicial del Guayas. Su defensa, liderada por Leonardo Toledo, espera que esta cooperación resulte en una reducción significativa de su pena, conforme a lo estipulado por el COIP.

La fiscal general Diana Salazar, encargada del caso Metástasis, propondrá al juzgador una pena reducida para Salazar, en reconocimiento a su cooperación. Según la normativa, la pena podría ser no menor del 20% del mínimo fijado para la infracción, y en casos de alta relevancia, no menor al 10%.

El testimonio de Mayra Salazar ha sido un elemento crucial en los avances del caso Purga y Metástasis, subrayando la importancia de la cooperación eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada. Las investigaciones continúan, y se espera que los datos proporcionados por Salazar sigan contribuyendo al esclarecimiento de estos casos.