Parafraseando al presidente John F. Kennedy cuando asumió el poder en su discurso inaugural, señaló que los ciudadanos americanos, en lugar de preguntar qué debía hacer el país para ellos, que se pregunten qué pueden hacer ellos por el país. No voy a comentar sobre lo que se debe hacer para aumentar la disponibilidad eléctrica del sector público, ya que las autoridades tendrán suficientes propuestas de sus asesores.

Como usted señor presidente bien lo ha mencionado, se necesita la participación de inversión por parte del sector privado para superar la crisis de escasez de energía. En un artículo anterior se indicó las necesidades energéticas que superan los 8000 MW para la próxima década tanto para sustituir el uso de generadores de Diesel y el resto por el crecimiento de la demanda. Dentro de esto suponemos que por lo menos la mitad debería ser hidráulica, pero no estará disponible, sino desde el año 6 al año 10 a partir de ahora.

El incremento de la demanda de energía eléctrica es un proceso continuo, permanente y creciente. Esta debe crecer para satisfacer sus necesidades y con ello cumplir con el mandato constitucional de la universalidad del servicio. En muchos lados, como solución a esto surgió el modelo denominado generación distribuida (GD) con instalaciones pequeñas en relación con las grandes centrales y que están conectadas a la red de transmisión.

Por ello deseo mencionar que la alternativa es impulsar la (GD). Que incluya no solo energías renovables no convencionales en las líneas de 69 Kv y 46 Kv, pero también debe considerarse la (GD) en el área de transmisión conectada a 138 Kv y 230 Kv con generación térmica utilizando HFO u otros combustibles, con la aprobación de interconexión de Transelectric y CENACE en procura de menores pérdidas y asegurarle estabilidad al sistema nacional de transmisión eléctrica.  Esto debe incluir la energía generada con residuos sólidos urbanos (RSU) que ayudan a dar solución a la disposición de desechos sólidos urbanos (aportando al saneamiento ambiental sin vertederos y rellenos sanitarios que nadie los quiere en su vecindad) también con los residuos de la agricultura y agroindustria que constituye generación limpia con biomasa.

Para esto la generación distribuida no debe estar limitada a 10 MW como la capacidad máxima de (GD) de autogeneración; pero en relación con el sentido común y la necesidad técnica requerida real.

Bajo este esquema, a más de la generación eólica y solar debemos tomar en cuenta que el Ecuador en su proceso de refinación produce diariamente 70,000 bb/dia de HFO entre las tres refinerías; donde parte de esa producción se consume en la generación eléctrica pública que se la entrega a $0.39 el galón a nivel de terminal, y genera un subsidio a la tarifa eléctrica de $82 millones según el dato 2023.

Nuestro país tiene una de las matrices de generación eléctrica más limpias del mundo, posiblemente a excepción de Costa Rica y Canadá en América.

En lugar de vender este combustible a precio de huevo o de gallina flaca, como se ha mencionado múltiples veces, podría venderse sin subsidio al precio de exportación en el mercado interno. En este caso, el galón se vendería al precio actual del petróleo a $ 1.00 por galón. Con este precio el costo del combustible para la generación debería estar en aproximadamente $ 0.07 por KWH, mucho más barato que la alternativa de compra internacional donde hemos pagado hasta $ 0.60 por KWH a Colombia en el 2024 e incluso la opción de las barcazas que si el Estado quiere contratar o adquirir debe agregarle igual como lo haría el usuario privado el costo de CAPEX con una razonable utilidad que le permita tener los adecuados superávits para una continua expansión del sistema tanto en generación como transmisión y reparación o reemplazo de los equipos que vayan completando su vida útil y deban ser reemplazados por tecnologías actualizadas más eficientes.

Esto conlleva un gran ahorro de divisas, y permite la transparencia sobre a qué quintiles de la población se debe focalizar subsidios y el resto de los usuarios tanto privados como públicos deben pagar tarifas reales. Esto se justifica recordando que el mayor costo de la energía es la no disponibilidad de este recurso en toda la cadena productiva, incluso del sector público. Cualquier apagón resulta oneroso al país.