En el marco del proceso de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Movilidad Humana, la Comisión de Relaciones Exteriores escuchó a César Albornoz, representante del Frente Unido de Migrantes LGBTI; César Bolaños y María Quiroga, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; y, Jenny Velasco, de la Asociación Amici del Ecuador.

César Albornoz denunció que existe discriminación y violación de los derechos de la población LGBTI en el exterior, al no respetar el derecho al matrimonio civil igualitario. Afirmó que permanentemente han buscado ayuda, tanto en el Consulado. Como en el Registro Civil, sin obtener respuesta alguna.

Somos los hijos de los migrantes de la primera generación que salió del Ecuador como consecuencia de la crisis bancaria, nos sentimos huérfanos de Patria, porque el Estado no ha cumplido nuestros requerimientos, enfatizó.

De su lado, César Bolaños, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde España, afirmó que vienen luchando desde el año 2012, año en que se registró la llamada burbuja inmobiliaria.

Recordó que recibieron el servicio público hipotecario hasta 2017, que atendió a 75 mil familias y ayudó a otras 8 mil para negociar con los bancos y evitar que pierdan sus viviendas. Añadió que este servicio fue suspendido en el año 2020 y “hoy estamos en total indefensión”, pese a los reiterados pedidos a la Embajada de Ecuador en España.

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Solicitó al Gobierno que ponga en funcionamiento el servicio público hipotecario, considerando que muchas familias han sido desahuciadas, han perdido sus viviendas y hoy se encuentran en albergues. Se trata de salvar vidas, enfatizó.

María Elena Quiroga, una de las personas afectadas por las hipotecas con discapacidad del 58 %, aseveró que está en riesgo de quedarse en la calle, porque no tiene dinero para pagar los servicios de un abogado, que cobra 65 euros por una simple consulta que le significa una semana de comida. Por ello, solicitó al gobierno apoyo para obtener asesoría jurídica y atención psicológica.

Denunció que acudió a la Embajada en España a pedir ayuda, pero le respondieron que no existe dinero para financiar los servicios de un abogado que le defienda y más bien le recomendaron recurrir a un abogado del ayuntamiento o ingresar a una casa de acogida. “Tengo miedo a quedarme sin vivienda, con deudas y en la calle”, finalizó.

Por último, Jenny Velasco, de la Asociación Amici del Ecuador, al analizar las políticas públicas de la Cancillería en relación a los derechos de los ecuatorianos en el exterior, aseguró que resulta inaceptable la indiferencia con la que el Gobierno y Cancillería tratan a los migrantes.

El desprecio a nuestras necesidades y derechos no es solo un error, sino una injusticia flagrante; exigimos respeto y atención; basta de abandono, es hora que nuestras voces sean escuchadas y atendidas nuestras demandas, subrayó.

El presidente de la comisión, Jonathan Parra, luego de agradecer las exposiciones de los comparecientes, expresó que serán consideradas en la elaboración del respectivo informe.