Es testigo protegido de la Fiscalía y es la mejor puntuada dentro del concurso para designar a la autoridad de la Defensoría Pública y fue amenazada de muerte el pasado 31 de mayo. Así lo denunció Inés Romero, quien es funcionaria de carrera de la función judicial.

“Yo recibí la amenaza tras haber presentado un escrito ante el CPCCS alertando de las irregularidades dentro del proceso de selección, porque hay personajes enquistados de alguna organización política que quieren inducir al error e inmediatamente fue amenazada con la llegada de una corona de flores con la frase en paz descanse” Así mismo el sábado fue interceptada por un vehículo que chocó su automotor lo que generó el miedo de ella y su familia, pese a ser testigo protegido de la fiscalía y tener seguridad .

Del porque se dilató el proceso y quienes están detrás de los incidentes jurisdiccionales y cree que el actual Defensor Público tiene interés en que quedarse en el cargo, pues lleva 5 años en el cargo y sus propios funcionarios han interpuestos diez acciones de protección para boicotear el concurso.

Detrás de esta designación estaría el interés de poner un representante, un delegado ante el Consejo de la Judicatura, como vocal y que defienda intereses de partidos políticos e incluso del crimen organizado, señaló Romero.

El pleno del Consejo de Participación debería cerrar el proceso y designar de manera inmediata a más tardar la próxima semana, porque ya no hay pretextos ni recursos, ni otra argucia jurídica, dijo la jueza.

De ente los 5 primeros aspirantes Rodrigo Frías, renunciante voluntario, Byron Guillen vinculado en el caso Metástasis y Jorge Ballesteros, también cuestionado puntuaban en el cuadro de postulantes y al ser eliminados, Inés Manzano Estévez ocupa el cuarto lugar con 77,86 puntos, lo que la hace acreedora a la desiganción.