De acuerdo con el constitucionalista Emilio Suárez, la posible candidatura de Daniel Noboa para las elecciones de 2025 plantea una situación de reelección, en virtud del encargo actual de la Presidencia para llevar a cabo la campaña electoral

Suárez explicó que, según el artículo 146 de la Constitución, en ausencia temporal del Presidente de la República, el vicepresidente asume sus funciones. En el caso de una ausencia definitiva, también sería el vicepresidente quien asumiría el cargo.

Sin embargo, señaló que el encargo de funciones está claramente establecido en la Constitución. El artículo 150 permite que el cargo de vicepresidente sea delegado temporalmente a un ministro designado por el presidente. En caso de una ausencia definitiva, la Asamblea Nacional debe elegir un sucesor de una terna enviada por el Presidente.

El constitucionalista argumentó que no sería apropiado encargar la presidencia a un ministro, como busca el Gobierno debido a desavenencias políticas y personales con la vicepresidenta, Verónica Abad.

Verónica Abad: Se está gobernando al Ecuador sin un proyecto político

Respecto a la consulta enviada a la Procuraduría, Suárez lamentó que problemas políticos estén siendo abordados desde una perspectiva jurídica. Afirmó que el procurador General del Estado está en su derecho de ser consultado por el Presidente, pero destacó que esta situación podría llevar a interpretaciones de la Constitución que no son competencia del Procurador.

Advirtió que forzar una sentencia de la Corte Constitucional sobre este asunto podría tener consecuencias legales para el Procurador, incluso hasta un juicio político. A pesar de que el Procurador ha trasladado la consulta a otras instancias estatales, Suárez consideró que la Corte Constitucional no es una fuente apropiada para resolver esta situación.

En cuanto a las implicaciones legales, Suárez señaló que una decisión a favor del Presidente podría resultar en una infracción electoral grave, incluyendo la suspensión de los derechos políticos de Noboa por hacer campaña en funciones. Esto, además, podría beneficiar a otros funcionarios en funciones que deseen hacer campaña sin pedir licencia.

Suárez enfatizó que el objetivo es evitar que funcionarios en funciones utilicen recursos públicos para campañas electorales, lo cual constituiría una infracción penal y crearía una desigualdad de condiciones entre los candidatos.