La Comisión del Derecho al Trabajo inició el estudio de los proyectos que reforman el Código de Trabajo, para regular el empleo joven; y, a la Ley de Seguridad Social en beneficio de los afiliados y pensionistas de la provincia de Galápagos. Además escuchó demandas laborales de exdocentes, exservidores y guardaparques, sobre supuesta vulneración de derechos.

Sobre el primer proyecto, su proponente, el presidente de la comisión, Johnny Terán dijo que a octubre de 2023 solo el 18,6 % de los jóvenes hasta 24 años tiene un empleo adecuado, el 73,2 % tienen un empleo no adecuado y el 8,2 % está en el desempleo. El objetivo de su propuesta es garantizar el derecho al trabajo para los jóvenes estudiantes hasta los 26 años de edad y para las madres amas de casa.

Explicó que las madres amas de casa podrán acceder a un contrato de trabajo de plazo y jornada parcial, con salario proporcional a la duración de la jornada, a fin de hacer compatibles su actividad familiar y de cuidado de sus hijos, con el acceso al mercado laboral, la actividad productiva, su desarrollo personal y su derecho a la independencia económica.

En el segundo caso, Lenin Rogel explicó que su proyecto plantea que en Galápagos se tome en cuenta, para el cálculo de las aportaciones al Seguro General Obligatorio, la remuneración percibida por los trabajadores, incluyendo el incremento establecido en la Ley de Régimen Especial de Galápagos o su equivalente.

Aseguró que en Galápagos existen cerca de 9.000 afiliados y mil pensionistas; el IESS no tiene hospital, apenas centros médicos básicos, la salud es precaria. El proyecto pretende garantizar equidad en la jubilación, facilitar el acceso a servicios de salud, asegurar el acceso a una vivienda digna y actualizar el texto normativo para reflejar la legislación vigente.

El legislador Milton Aguas, de la misma provincia, apoyó la propuesta. La Comisión decidió que para un mejor estudio se unifique con otros proyectos que versen sobre la misma materia.

La mesa legislativa también conoció el pedido de información de la Corte Constitucional, respecto al estado del trámite de los proyectos de ley del sistema de seguridad social del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de Policía Nacional.

Demandas laborales

Por otro lado, los legisladores escucharon las demandas sobre la suspensión de pensiones jubilares complementarias y a la falta de pago de los incentivos por jubilación. Luis Gonzalo Añazco, representante de los exdocentes de la Universidad Nacional de Loja, señaló que los jubilados dejaron de recibir su pensión desde el 2008, por lo que pidieron el amparo constitucional para las personas adultas mayores.

César González, representante de los exdocentes de la Universidad de Guayaquil pidió se les reconozca los incentivos que fueron aprobadas desde 1990.

Mónica Muñoz, de los exservidores de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, cuestionó que el pago del incentivo jubilar sea en bonos, por lo que planteó que sea el 50 % en efectivo y el otro 50 % en bonos. Advirtió que se les adeuda desde el 2020 e incluso personas con discapacidad aún no cobran, por lo que se están vulnerando sus derechos.

Frente a estas denuncias, la legisladora Johanna Ortiz anunció que generarán pedidos de información para fiscalizar estas demandas y asegurar que se cumplan los derechos de los jubilados.

Por último, escuchó la problemática respecto a la presunta vulneración de los derechos laborales, relacionados con horarios especiales y pago de horas suplementarias y extraordinarias a guardaparques.

Román Criollo, representante de los guardaparques, denunció que existe inequidad en los horarios laborales de las áreas protegidas, ya que existen personas que sobrepasan las horas regulares laborales que no son reconocidas ni las horas extraordinarias de los fines de semana.