El pasado mes de abril, el presidente Noboa anunciaba que la empresa proveedora de alimentos para las cárceles y centros de privación de la libertad La Fattoria, tendría vínculos con el narcotráfico, por lo que se suspendió la provisión de alimentos a caso todos los Centros de Rehabilitación. La empresa guayaquileña proporcionaba las 3 comidas diarias a 24 mil detenidos.

Inmediatamente la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia presentó en la Fiscalía una noticia criminis en contra de esta empresa que suspendió el servicio de alimentación por falta de pago.

Una funcionaria jurídica del gobierno y cinco asambleístas ingresaron, un documento,  con informes del Centro de Inteligencia Estratégica, sobre presuntos actos ilícitos de carácter penal que involucrarían a esta empresa proveedora del servicio.

La Fattoria respondió inmediatamente y dijo que el estado le debería mas de 10 millones de dolares desde el 2023 correspondiente a alimentación de cárceles y desayuno escolar. Algo que no ha sido desmentido por el gobierno en dos meses.

Este 31 de mayo, el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad SNAI, ha informado de un proceso pre contractual de provisión de alimentación para varias cárceles del país. “Este Servicio trabaja en la etapa precontractual adjudicar el contrato para el servicio de provisión de alimentos en la División Territorial 3, con total transparencia y legalidad. Para ello, se han implementado metodologías para eliminar riesgos de posibles irregularidades, mismas que no consideraron en administraciones anteriores”

Tras semanas de no entregar reacciones alimenticias a miles de detenidos y reclamos permanentes de familiares en las afueras de los Centros de Detención, este proceso pondría fin a la problemática de alimentar a 12 mil PPL Personas Privadas de la Libertad, en cinco CPL y 2 Centros de adolescentes Infractores.