La Comisión de Garantías Constitucionales, dentro de la fiscalización al VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, recibió a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez; y, al abogado Néstor Toro-Hinostroza, de la Contraloría General del Estado, para analizar las denuncias de varias personas que laboraron en esta actividad, contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Ivonne Núñez recordó las normativas que tutelan los derechos laborales, como el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Civil, en este último cuerpo legal se sustentó el contrato de servicios especializados de las personas que colaboraron en el censo nacional, que no contiene determinados beneficios, tampoco generaron dependencia. Por tanto, el registro de este tipo de contratos no es competencia del Ministerio de Trabajo.

La legisladora Paola Cabezas, presidenta de la comisión, consultó qué institución tiene la responsabilidad de los “abusos” al personal contratado en la modalidad de servicios especializados. La ministra Núñez manifestó que se envió a la Asamblea el informe en el que se efectúan varias conclusiones, respecto a la contratación del personal del censo del INEC. Además hay que definir si existió un abuso o incumplimiento de lo pactado.

Por su parte, Adrián Castro informó que tiene conocimiento que actualmente se efectúa un examen especial por parte de la Contraloría. Paúl Buestán consultó sobre el número de contratos civiles por servicios profesionales. Jahaira Urresta preguntó sobre los mecanismos para evitar que exista este tipo de abusos laborales.

En este mismo tema de fiscalización, el delegado del Contralor General del Estado, Néstor Toro-Hinostroza señaló que existen dos informes aprobados, uno se encuentra en borrador, dos acciones en ejecución y tres planificadas. “Tenemos un total de ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, que por su naturaleza es de carácter reservado”, informó a los comisionados.

Los informes aprobados tienen relación con las fases sobre los contratos para publicidad del censo nacional; y, sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios. En ejecución están las órdenes de trabajo sobre el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y honorarios. Aquí existen hallazgos en construcción.

Situación PPL

Dentro del proceso de fiscalización que lleva esta mesa legislativa respecto a la situación de las personas adultas privadas de la libertad recibió al viceministro de Seguridad Pública, Fausto Iniguez, quien informó sobre la participación de 3.250 servidores policiales en los 35 centros de rehabilitación social y 10 centros de adolescentes infractores.

La legisladora Patricia Núñez mencionó que esta temática fue analizada en la Comisión de Seguridad anterior, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional, siendo necesario conocer los avances, respecto a la protección a las personas privadas de la libertad, alimentación, infraestructura y otras situaciones.