Con 82 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional respaldó a las y los comuneros de la provincia de Santa Elena, especialmente de la Comuna Olón de la parroquia Manglaralto, por su incansable protección de los ecosistemas y defensa de su cultura y territorios; además resolvió continuar con el proceso de fiscalización a través de la Comisión de Gobiernos Autónomos.

La resolución fue aprobada tras la exposición de la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, respecto al proyecto urbanístico ECHO-OLON en la provincia de Santa Elena y el debate de los legisladores.

En su explicación, la ministra Sade Fritschi aseguró que para el proyecto urbanístico no se requería una licencia ambiental, por lo que fue categorizada de forma automática como de bajo impacto el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), herramienta vigente desde 2015. Dijo que el trámite para este registro ambiental se inició en septiembre de 2023, en el anterior gobierno.

Sostuvo que en este caso tampoco aplicaba una consulta ambiental, porque no se trataba de un proyecto extractivista, de conformidad con la sentencia constitucional del 9 de noviembre de 2023.

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Añadió que “es falso que la zona afectada pertenezca a una zona protegida”, además “es falso que en la zona exista la especie de manglar; el algarrobo no es una especie de manglar”. Recordó que el área del bosque Esterillo Oloncito que, mediante Acuerdo 072 de 2001, fue declarado Bosque y Vegetación Protectores con 2.25 hectáreas, no ha sido modificada.

En el debate, la legisladora Victoria Desintonio señaló que la compareciente sí autorizó la tala de manglar en la comuna Olón, en el Esterillo Oloncito, en donde se pretendió convertir en un espacio inmobiliario de la señora Lavinia Valbonesi. Jorge Peñafiel recordó que en apenas 5 días se otorgó el registro ambiental para el proyecto inmobiliario, pese a que existen criterios técnicos en el sentido de que para este proyecto se debía requerir una licencia ambiental y no solamente un registro.

Ana Herrera dijo que el gobierno tiene alineada su agenda a los intereses particulares perjudicando el ambiente. Sofía Sánchez cuestionó la falta de preocupación del Ministerio del Ambiente para cumplir la Constitución y la Ley, porque el manglar es sujeto de derechos de conformidad con las sentencias de la Corte Constitucional. Arisdely Parrales señaló que la Comisión de Gobiernos Autónomos, en la visita in situ, pudo constatar la tala de algarrobos, mangle y otras especies. Paúl Buestán planteó continuar el proceso de fiscalización y cuestionó la improvisación de las decisiones desde el Ministerio del Ambiente.

De su lado, Mariana Yumbay lamentó el desconocimiento de las realidades locales y las garantías establecidas en la Constitución por parte del Ministerio del Ambiente, cuando se trata de derechos colectivos en poblaciones que tienen descendencia histórica y origen étnico cultural. “Ahí debe existir una consulta previa, libre e informada y no un simple registro”, dijo.