La reciente disposición del Ministerio de Educación, que impide la pérdida del año escolar para estudiantes de segundo a séptimo año de educación general básica por bajas calificaciones, ha generado un intenso debate en el ámbito educativo.

Esta medida, anunciada por la ministra de Educación, Alegría Crespo, tiene como objetivo reducir el abandono escolar y garantizar la continuidad del proceso educativo para todos los estudiantes. Sin embargo, profesionales vinculados al campo educativo expresan su recelo ante la posibilidad de que esta medida afecte el rigor académico y fomente el facilismo.

En este contexto, es crucial analizar en profundidad los posibles efectos y repercusiones de esta nueva disposición en el panorama educativo del país.

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25,000 estudiantes de la Costa-Galápagos no avanzan de año

La ministra de Educación, Alegría Crespo, ha respondido con determinación a las preocupaciones surgidas tras la revelación de un reportaje el pasado 15 de mayo, el cual señalaba que aproximadamente 25,000 estudiantes del régimen Costa-Galápagos no lograron avanzar de año durante el último periodo escolar.

En una reciente entrevista, la ministra compartió su visión sobre este asunto, expresando su profundo desacuerdo con la posibilidad de que los estudiantes de educación media sean expuestos a la repetición del año escolar.

«Como pedagoga, realmente no me cabe en la cabeza cómo se puede exponer a chicos de educación media a repetir el año escolar», destacó.

En este contexto, la ministra anunció que esta reforma implica un fortalecimiento de la evaluación formativa desde el primer día de clases, acompañada de un adecuado seguimiento y apoyo docente. Además, se establece que los estudiantes de educación media no perderán el año lectivo a menos que existan condiciones específicas debidamente fundamentadas en un informe psicopedagógico.

«Se fortalece la evaluación formativa, se gana el año desde el primer día con acompañamiento docente», señaló Crespo durante la entrevista. «No se va a dar paso a que un estudiante de media pierda el año, a menos que sea una condición que se esté reportada y fundamentada en un informe psicopedagógico».

Con esta reforma, la ministra de Educación busca garantizar que la pérdida del año escolar no sea una consecuencia automática de un bajo rendimiento académico, sino que se considere la situación particular de cada estudiante.

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Podría fomentar el facilismo y la mediocridad

María Brown Pérez, exministra y especialista en política pública educativa, expresó su preocupación sobre la reciente disposición del Ministerio de Educación que impide que los estudiantes de educación media (quinto a séptimo año de básica) pierdan el año escolar por bajas calificaciones.

Destacó que, si bien es importante evitar la repitencia escolar, esta medida plantea interrogantes sobre la efectividad de promover a los estudiantes sin considerar su desempeño académico.

Señaló que negar la posibilidad de repetir el año escolar podría perpetuar una cultura de promoción automática que, en lugar de resolver el problema de la deserción escolar, podría fomentar el facilismo y la mediocridad. En este sentido, instó a considerar otras medidas que aborden las causas subyacentes de los bajos desempeños académicos y promuevan un verdadero proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.

Mauricio Rodríguez, especialista en Derecho Educativo, resaltó que la derogación del Acuerdo 063-A conlleva implicaciones significativas para la educación básica en Ecuador. Destacó que la emisión del acuerdo no cumplió con los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al no permitir el adecuado periodo de consulta con los diversos actores del sistema educativo. «Esta falta de participación genera una carencia de perspectivas diversas en el documento emitido».

En cuanto a las implicaciones concretas, Rodríguez señaló que la derogación del acuerdo implica modificaciones en los criterios y métodos de evaluación, generando incertidumbre en los centros educativos y usuarios al no contar con directrices claras. Además, mencionó que se espera que se emitan nuevas regulaciones en un plazo de dos meses, lo cual añade a la incertidumbre y la necesidad de adaptación por parte del personal docente y administrativo.

Proceso para la toma de decisiones sobre la repetición escolar según el nuevo marco normativo:

En respuesta a esta pregunta, Rodríguez delineó un proceso clave que deben seguir los estudiantes y padres para tomar decisiones informadas sobre la repetición escolar. Destacó pasos como la evaluación psicopedagógica, la solicitud de los padres, el análisis del equipo docente y la autoridad de la institución educativa, y la participación del estudiante en programas de refuerzo pedagógico. Subrayó la importancia de que la decisión final sea consensuada entre todos los actores involucrados, priorizando el desarrollo académico del estudiante.

Garantías de una evaluación justa y equitativa bajo las nuevas disposiciones:

Rodríguez aseguró que las nuevas disposiciones buscan garantizar una evaluación justa y equitativa para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales o dismadurez cognitiva. Señaló que se utilizarán evaluaciones adaptadas y diversificadas, considerando las características individuales de cada estudiante. Además, mencionó la inclusión de evaluaciones socioemocionales y psicopedagógicas para un acompañamiento integral en el proceso educativo, asegurando medidas equitativas y pertinentes para el desarrollo de los estudiantes.