La jueza Sandra Liliana Heredia determinó que existen suficientes motivos para llevar a juicio a Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010. A partir de ahora, Uribe “adquiere la condición de acusado” y enfrentará un juicio penal, aunque niega todas las acusaciones.

Es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe que son aceptados por una magistrada en Bogotá. Si es encontrado culpable, el líder del Centro Democrático podría enfrentar una pena de prisión de entre 6 y 12 años.

La defensa de Uribe había solicitado la nulidad del proceso, pero Heredia rechazó la petición por considerarla “absolutamente improcedente”. Además, la jueza aceptó como víctimas del caso al senador de izquierda Iván Cepeda, los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, y Deyanira Gómez, antigua esposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve.

El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, celebró la resolución, destacando que “reconoce la condición de las víctimas y la necesidad de que tengan acceso a la justicia”.

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Los cargos contra Uribe

El fiscal Gilberto Villarreal acusa a Uribe de ser el “determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal”. Según Villarreal, esto implica que Uribe entregó o prometió una utilidad a testigos para que se abstuvieran de declarar o falsearan sus testimonios.

Además, Uribe está acusado de “concurso homogéneo sucesivo de dos delitos de fraude procesal”, es decir, de inducir en error a servidores públicos para obtener sentencias o actos administrativos contrarios a la ley. También se le acusa de “determinador del delito de soborno” por ofrecer dinero o beneficios a testigos para que faltaran a la verdad en sus testimonios.

Antecedentes del caso

En 2020, Uribe fue privado de su libertad, acusado de fraude procesal y soborno, convirtiéndose en el primer presidente en la historia del país en enfrentar esta sanción. El caso se originó en septiembre de 2014, cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes, presentando testimonios de antiguos paramilitares.

Uribe respondió demandando a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de buscar falsos testigos en su contra. La Corte investigó durante varios años, y en 2018 desechó las acusaciones contra Cepeda, abriendo una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos.

En 2020, Uribe renunció a su escaño en el Senado, lo que trasladó su caso a la justicia ordinaria. Inicialmente, la Fiscalía decidió no perseguirlo judicialmente, pero la situación cambió este año cuando Gilberto Villarreal asumió el caso y encontró motivos para acusarlo.

Uribe insiste en que las acusaciones son motivadas por intereses políticos.