El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se pronunció sobre la queja presentada por la legisladora Gisella Molina contra Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, debido a los acontecimientos ocurridos el lunes 13 de mayo de 2024 durante la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar.

En la sesión N° 0036 del CAL, realizada el 17 de mayo de 2024, siete asambleístas decidieron por unanimidad no calificar la queja de Gisella Molina. Según el secretario de Comunicación de la Asamblea, Jorge Rodríguez, se determinó que Pamela Aguirre no había incumplido ningún procedimiento parlamentario, por lo que la queja no tenía fundamento para proceder.

A pesar de esta decisión, el CAL votó a favor de llamar la atención por escrito a Pamela Aguirre. En el documento se indicará que cualquier futura anomalía podría acarrear sanciones según la normativa vigente.

El incidente que provocó la queja ocurrió el 13 de mayo de 2024, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización en la que la fiscal general Diana Salazar comparecía para informar sobre avances en investigaciones en curso. Durante esta sesión, Pamela Aguirre permitió la conexión telemática del exasambleísta Ronny Aleaga, prófugo de la justicia y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Aleaga pretendía intervenir en la comparecencia de Salazar desde la clandestinidad.

La fiscal Salazar abandonó la sesión en respuesta, argumentando que un prófugo de la justicia no debería participar en una comparecencia oficial y acusando a la presidenta de la Comisión de prestarse a un “show del correísmo”.

Gisella Molina presentó la queja argumentando que Aguirre había infringido el artículo 150 del Código Orgánico de la Función Legislativa. Según Molina, Aguirre cometió un error al convocar a una Comisión General para permitir la intervención de Aleaga sin someterlo a votación de los demás legisladores. Molina criticó que Aguirre suspendiera la sesión sin consultar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

La Fiscalía y varios legisladores criticaron la intervención de Aleaga y la gestión de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, señalando la gravedad de permitir la participación de un prófugo de la justicia en una sesión oficial. La situación generó una intensa discusión sobre el manejo de la comparecencia y las implicaciones legales y éticas de las decisiones tomadas por Pamela Aguirre.

El CAL, aunque decidió no proceder con la queja formalmente, dejó constancia de la necesidad de que Aguirre evite futuras anomalías bajo amenaza de sanciones. Este incidente subraya las tensiones políticas y los desafíos en la gestión de la Asamblea Nacional de Ecuador en el manejo de casos sensibles y de alto perfil.