La respuesta de la Fiscalía General ante la segunda solicitud de juicio político presentada por un asambleísta de la Revolución Ciudadana contra la titular de la Fiscalía, Diana Salazar, revela tensiones políticas y acusaciones mutuas.

La institución rechaza categóricamente las acusaciones, calificándolas como un intento de contaminar el caso Metástasis.

Argumentan que se incluyó una tercera causal en la solicitud de juicio político basada en afirmaciones del exasambleísta Ronny Aleaga, quien está siendo procesado por delincuencia organizada y es prófugo de la justicia.

La Fiscalía desestima las afirmaciones de Aleaga, alegando que no tienen validez debido a su situación legal y sus posibles vínculos con actividades delictivas.

Además, acusa a la Revolución Ciudadana de desesperación por intentar socavar su trabajo en investigaciones importantes sobre narcotráfico y corrupción.

Por su parte, la institución reitera su compromiso con un trabajo técnico basado en pruebas verificables, presentado ante los jueces correspondientes.

Critica los intentos de politizar el proceso judicial y recuerda que la Asamblea Nacional tiene competencia para ejercer control político, pero no puede intervenir en asuntos procesales que son competencia judicial.