El proyecto de Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP), presentado por el presidente Daniel Noboa, busca implementar la voluntad de los ecuatorianos expresada en la pregunta 5 de la Consulta Popular. Este proyecto establece cambios significativos en el manejo de armas, municiones y accesorios utilizados en la comisión de delitos, así como en aquellos encontrados encaletados u ocultos.

Según el artículo 474.2 propuesto en el proyecto, una vez que estas armas o materiales sean incautados, confiscados o decomisados, la Fiscalía General del Estado solicitará al juez que dé por terminada la cadena de custodia. Si el juez no emite un pronunciamiento en un plazo máximo de 10 días, se entenderá que se otorga la autorización para la transferencia de estos elementos a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, dependiendo de las necesidades prioritarias de cada institución.

Posteriormente, estas armas o materiales podrán ser destinados para el uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, o en su defecto, podrán ser destruidos, según lo determine cada caso.

En cuanto al artículo 474.3, se establece que las armas, explosivos, municiones o accesorios encontrados encaletados u ocultos serán declarados como bienes de interés público, una vez que se complete el proceso legal correspondiente.

El proyecto de ley también establece un plazo máximo de tres meses para que la Fiscalía realice los trámites y gestiones legales necesarias para transferir las armas, explosivos, municiones o accesorios que se encuentren en cadena de custodia al uso inmediato de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La Asamblea Nacional tendrá un período de 60 días para tramitar y aprobar esta ley reformatoria.