11 mil privados de libertad dejarían de recibir alimentación en 8 días

May 10, 2024

La empresa Laffatoria, proveedora de alimentos para centros penitenciarios en Ecuador, enfrenta una compleja situación financiera debido a una deuda gubernamental de USD 30 millones, acumulada desde noviembre de 2023. Joffre Campaña, abogado de la empresa, advierte que si el problema no se resuelve en los próximos 8 o 10 días, Laffatoria dejará de abastecer a 11,000 reclusos adicionales, elevando el total de privados de libertad sin acceso a alimentación a 22,000.

Campaña denuncia que la situación se agrava por la «arbitraria e ilegal» inhabilitación de la empresa por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), bajo el pretexto de no haber actualizado datos como RUC, propietarios, teléfonos y dirección. Según el abogado, el sistema de actualización estaba deshabilitado cuando intentaron cumplir con este requerimiento.

El problema, según Campaña, ha llevado a que cerca de 300 empleados de Laffatoria pierdan su trabajo, describiendo la situación como «socialmente criminal». Además, señala que el conflicto entre el Gobierno y la empresa también afecta la entrega de desayunos escolares, perjudicando a más de 1.5 millones de niños y niñas, especialmente en Guayas y Los Ríos.

Campaña apunta que el Gobierno ha estigmatizado injustamente a Laffatoria, acusándola de corrupción sin pruebas, y que la Ministra de Educación viola contratos al impedir que la empresa continúe con la distribución de desayunos.

A pesar de que el SNAI ha lanzado concursos para que otras empresas liciten, estos han sido declarados desiertos por falta de participación, situación que no es responsabilidad de Laffatoria, subraya el abogado. Además, acusa al secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, de tener una «fijación» contra la empresa, buscando alternativas directas para reemplazarla.

Campaña sostiene que el Gobierno tiene los fondos necesarios para saldar la deuda, pero elige no hacerlo. Incluso, un juez emitió una medida cautelar para ordenar al Ministerio de Finanzas que transfiera el dinero y garantice la continuidad del servicio de alimentación.



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