La ministra del Interior, Mónica Palencia, justificó la presencial policial en Olón, Santa Elena. Indicó que el objetivo es mantener el orden durante la protesta contra la tala de manglares para un proyecto inmobiliario de Vinazin S.A, empresa en la cual Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, es accionista mayoritaria.

“La Policía Nacional está presente para garantizar el orden, especialmente en situaciones de riesgo. En este caso, se trata de mantener la tranquilidad… Esperemos que no sea necesario intervenir en incidentes”, expresó al indicar que la protesta no solo involucraba a residentes locales, ya que se detectaron participantes con acentos extranjeros.

Respecto a la controversia sobre la tala de manglares en una zona protegida, comentó que se requerirá una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades. Además, sugirió que los escándalos desatados en torno al tema podrían ser motivados por partidos políticos que reaccionan de esa manera a la consulta popular, y su posible fracaso en las elecciones del 2025.

En otro tema, negó haber sido representante de Vinazin S.A en el pasado, indicando que ella y su hija participaron en una reforma estatutaria de la empresa entre 2020 y 2022 para diversificar sus actividades.

Extorsionan escuela en Guayaquil; Gobierno ofrece casi 4.000 policías para instituciones

Por otro lado, la ministra informó sobre un nuevo programa de seguridad para escuelas que movilizará cerca de 4.000 policías durante el regreso a clases en la región Costa-Galápagos. Este programa, dice, se diferencia del anterior gobierno por su enfoque en la protección ciudadana y el mantenimiento del orden público.

Sobre los resultados del Plan Fénix, Palencia expresó la voluntad del gobierno por mejorar constantemente y destacó una reducción del 26% en muertes violentas en comparación con el año anterior. Además, mencionó el éxito de la creación de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión (FICE), que ha logrado desmantelar redes de secuestro extorsivo.

En relación con la falta de alimentación en cárceles, informó que los gobernadores provinciales están trabajando directamente con proveedores locales para solucionar el problema, mientras que la Secretaría General de Integridad Pública establece nuevos criterios para la selección de proveedores de alimentos.