¿Será verdad que un gran número de alcaldes recibieron sucio financiamiento durante la campaña electoral y ahora ya en ejercicio deben devolver el favor multiplicado o, caso contrario, corren el grave riesgo de ser asesinados? ¿Será verdad que conocidas bandas criminales organizadas, a partir de la posesión de las autoridades seccionales, los extorsionan y cuando la respuesta es negativa reciben amenazas de muerte? No lo sé. No me consta nada, pero sí sé que algo muy grave está sucediendo alrededor de estos y otros funcionarios de elección popular, por lo que es obligatorio ser más certeros en el cuidado que se les otorga por parte de la Policía Nacional.

La espiral de violencia contra ciudadanos vinculados a la política deja en los últimos 16 meses 14 asesinatos, y solamente en 30 días las víctimas fueron los alcaldes Brigitte García, José Sánchez y Jorge Maldonado, en su orden de San Vicente, Ponce Enríquez y Portovelo, en las provincias de Manabí, Azuay y El Oro. Y no debe olvidarse que sumaron, en tiempo de campaña, 15 los atentados que sufrieron candidatos a esa dignidad, en Salinas, Portoviejo, Durán, Junín y Esmeraldas, siendo el mayor de todos el que acabara con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio, registrado en Quito en agosto de 2023.

Parecía hasta hace poco nomás que una situación que era recurrente en Colombia y presente hasta el día de hoy en México, no se repetiría en Ecuador. Se pensaba que no existían las condiciones para que eso pudiera suceder. Inclusive se había superado con creces el paso terrorífico de Sendero Luminoso en el Perú y las FARC y otros grupos subversivos en Colombia. El gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) no se anduvo por las ramas y acabó con la presencia de Alfaro Vive Carajo y otras pequeñas organizaciones criminales que pretendían emular al M-19 de Colombia. Pero, tres lustros después del inicio del año 2000, en medio de advertencias públicas de los inminentes peligros que se cernían en el país por la arremetida del narcotráfico y todo lo que de él se derivaba, no se hizo lo que correspondía: impedir su establecimiento y operación en el territorio nacional. No solamente que no se hizo, sino que, al parecer, se fomentó desde altas instancias del poder político su fortalecimiento, otorgándole facilidades para su ilegal y mortal actividad.

Ahora, conviviendo con esa dolorosa verdad, además del narcotráfico, la minería ilegal, el coyoterismo, el tráfico de personas, los grupos organizados del delito y más, se habla en Ecuador de narcopolítica, una derivación como las otras de la primera y que se refiere a la vinculación de los políticos con el negocio de las drogas y los múltiples brazos desprendidos del mismo. Aquí, entonces, podría suponerse de financiamientos ilegales y de extorsiones, de compromisos adquiridos y de incumplimientos, de funcionarios públicos muy embarrados y otros muy inocentes y limpios. En fin, lo mejor sería que la suposición sea equivocada, porque, de otra manera, los tiempos actuales y futuros no pintan para nada halagadores.

Que la inteligencia militar y policial sea más efectiva cada día y que ninguna otra autoridad seccional o nacional engrose el número de víctimas. Que el gobierno central sea más certero en su lucha contra la inseguridad; los ecuatorianos merecen vivir en paz.