El Consejo de Administración Legislativa (CAL), una vez conocido el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), sobre el cumplimiento de los requisitos para el enjuiciamiento político a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, calificó su trámite en la Comisión de Fiscalización, conforme lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

En otro orden, el CAL conoció sobre la falta de respuesta de los titulares de siete instituciones públicas a los requerimientos de información, realizados por la legisladora María Teresa Pasquel.

Estas instituciones son: Servicio de Rentas Internas; Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Servicio Nacional de Aduanas; Registro Civil; y, los ministerios de Salud y de Trabajo.

Al amparo del artículo 75 de la LOFL, la documentación relacionada con estos incumplimientos se remitirá a la Comisión de Transparencia y Control Social que, según el artículo 76 de esta norma, requerirá nuevamente una contestación por escrito, en el plazo de cinco días.

Finalmente, el CAL calificó a trámite siete nuevos proyectos de ley presentados durante el mes de abril de 2024.

Una iniciativa normativa que busca dignificar el trabajo del hogar, será tramitada por la Comisión de Derecho al Trabajo, mientras que, la mesa legislativa de Gobiernos Autónomos analizará un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). Por otro lado, la propuesta normativa que regula la eutanasia con garantía del derecho a la dignidad y a la autonomía de la vida, fue asignada a la Comisión del Derecho a la Salud.

La Comisión de Biodiversidad tratará un nuevo proyecto de reformas a la Ley Amazónica y la Comisión de Régimen Económico analizará un paquete de reformas al Código de Planificación y de Finanzas Públicas. Mientras que dos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa serán tramitados por la Comisión de Justicia.

Las comisiones especializadas designadas fueron autorizadas a unificar estos proyectos con otros de la misma materia, que ya se encuentren en trámite.