La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio. Hoy recibió al defensor público, Ángel Torres Machuca y a Mayra Tirira, coordinadora de Acciones Legales de Surkuna para que contribuyan con sus aportes y observaciones a este cuerpo legal.

Ángel Torres recordó que la Defensoría Pública tiene la obligación de garantizar el acceso de toda persona a una defensa justa, en especial cuando se trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia y que no tienen los recursos necesarios para una defensa privada.

Entre las observaciones planteadas, expuso su posición sobre el espíritu de la Ley. Consideró que es necesario eliminar el término “otras muertes violentas”, ya que podría afectar el interés de las víctimas indirectas de femicidio, puesto que no toda muerte violenta ocurre por razones de género.

Por otro lado, sugirió mantener la definición de “femicidio” que se encuentra en el Código Orgánico Penal Integral (COIP), ya que es el único cuerpo normativo que permite tipificar los elementos delictivos del femicidio; y, la definición de víctimas indirectas utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La asignación de presupuesto es indispensable para realizar investigaciones exhaustivas de los casos de femicidio, lo que implica tener personal capacitado, equipos especializados, tecnología avanzada, así como investigadores forenses, psicólogos y otros profesionales que faciliten realizar los análisis forenses adecuados y garantizar una persecución efectiva de los responsables, así como acceder a la justicia y reparación de las víctimas.

De su lado, Mayra Tirira preguntó a la comisión si la intención es generar una ley exclusiva, cuando existe la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que desarrolla todos los procesos de prevención, atención y acompañamiento para todas las víctimas de violencia de género.

Propuso visibilizar a quienes exigen justicia, que generalmente son las madres o familiares de las víctimas. También dijo que es importante definir las edades de protección a niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad y qué tipo de protección van a recibir.

Insistió en que si es una Ley enfocada en la reparación y acompañamiento, sus términos deben ser claros, por ejemplo, qué tipo de servicios van a otorgar. Asimismo, sugirió ser prolijos en la implementación de protocolos y políticas públicas específicas.

Las inquietudes de las asambleístas Paola Cabezas y Jahaira Urresta se centraron en la falta de diligencia de la Defensoría Pública para atender a las víctimas de femicidio, en asesoría legal y psicológica, en zonas alejadas a las grandes urbes y de escasos recursos económicos. Torres Machuca respondió que influye mucho la falta de presupuesto. Eso ha llevado a que recién en el año 2022 se incorpore un equipo de psicólogos, pero que la falta de asignaciones económicas impide implementar los servicios de asesoría legal y psicológica a nivel provincial.

Los comisionados agradecieron la contribución de los profesionales en la construcción del proyecto que busca perfeccionarse con cada aporte y criterio, con el objetivo garantizar la protección y atención a las víctimas indirectas de femicidio.