Un Plan de Acción respecto a defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe fue aprobado este 23 de abril, durante la segunda jornada de la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú, que se celebra en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile. Este Plan fue liderado por el Grupo de Trabajo Ad Hoc, conformado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y las Nieves.

El Plan de Acción tiene como objetivo poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 09 sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Entre otros aspectos, el artículo 09 del tratado establece que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además, deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.

En representación de Ecuador, a través de esta cartera de Estado, participaron: Nancy Sarrade, subsecretaria de Calidad Ambiental y Holger Zambrano, director de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica; además, del primer secretario, Daniel Vargas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Ecuador, al ser el primer país en establecer su Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, presentó, a través de su delegación, los avances y ejecución en cuanto a: acceso de información; participación en la toma de decisiones ambientales; acceso a la justicia y defensores de los Derechos Humanos Ambientales; todo esto con el aporte de las instancias sustantivas del MAATE, instituciones gubernamentales clave y sociedad civil.